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Transición energética justa o rebelión popular

28 Diciembre 2018 · SOZIABLE · 0 comentarios

Es el dilema al que se enfrentan los gobiernos firmantes del Acuerdo de París. La lucha contra el cambio climático exige una descarbonización urgente de la economía pero la pérdida de empleos en los sectores que generan más emisiones o el endurecimiento de una política fiscal medioambiental elevan el riesgo de insurrección de trabajadores, consumidores o contribuyentes como ya ha sucedido en Francia con la revolución de los chalecos amarillos.

Grupo de personas llamados los chalecos amarillos en una protesta por la transición energética

La imposición de una ecotasa a los combustibles fósiles fue el detonante de la revolución de los chalecos amarillos en Francia. Una mecha que podría prender en otros países comprometidos con la hoja de ruta del Acuerdo de París que intentan que la transición energética sea al mismo tiempo “urgente”, ya que no habría otro modo de evitar que el calentamiento global supere los 2ºC a final de siglo, y “justa”, para que no perjudique socialmente a ningún colectivo.

También para España es un equilibrio muy difícil de lograr y exigirá medidas como la reciente firma del acuerdo entre el Gobierno y el sector de la minería del carbón y las comarcas mineras. Este acuerdo fue suscrito por el Ejecutivo con los sindicatos CCOO, UGT y USO el mes de octubre y aprobado como Real Decreto-Ley en el consejo de ministros del pasado 21 de diciembre y contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los mineros así como la creación de una bolsa de trabajo para los trabajadores que se queden en el paro. Pero los mineros son solo una gota en medio del mar.

La transición energética exigirá sacrificios a muchos colectivos, como todos los trabajadores que directa o indirectamente dependen de los combustibles fósiles y que pueden ver peligrar su modus vivendi, bien porque pierdan su puesto de trabajo o porque tengan que asumir una mayor carga fiscal medioambiental. Ya no hablamos solo de empleados de la industria de los hidrocarburos sino de todos los que utilizan estas energías para su actividad profesional: agricultores, transportistas, taxistas y un largo etcétera. Alejandro González (Futuro en Común): "Lo que no se puede hacer es aplicar políticas neoliberales y que la carga fiscal medioambiental recaiga en las clases más vulnerables"

En España, medio centenar de organizaciones de la sociedad civil constituyeron hace dos años la plataforma Futuro en Común con el objetivo hacer de la Agenda 2030 ponga en su foco en las personas y no deje a nadie en la cuneta. Dentro de esta plataforma, Alejandro González, hace de enlace entre las organizaciones ambientalistas y los sindicatos, así que nadie mejor que él para evaluar los riesgos de una agenda ecológica que desdeñe los aspectos sociales.

Sobre los sucesos de Francia, González comenta: “Ya tenemos un laboratorio de pruebas de lo que pasa si no incorporas una serie de variables sociales a las políticas ambientales. Lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Macron, que es aplicar políticas neoliberales que benefician a algunas élites, por una parte, y que el ‘pato’ de la carga fiscal medioambiental lo paguen las clases más vulnerables.Hay que tener en cuenta una serie de elementos de justicia social. O la transición es justa o no puede haber una transición”. Con esta tesis coincide Cristina Monge, directora de Conversaciones de la Fundación Ecología y Desarrolllo (Ecodes): “La transición energética hay que hacerla porque nos va en ello la supervivencia, pero esa transición o se hace de un modo justo o no se podrá hacer porque habrá muchísimas resistencias sociales como estamos viendo”.

Lo que se pierde y lo que se gana

No obstante, Monge subraya que no solo hay que mirar lo que se va a perder sino lo que se va a ganar: “De la misma manera que se van a perder puestos de trabajo y hay sectores que van a sufrir, también van a crearse puestos de trabajo nuevos y hay sectores que van a desarrollarse”.

En este sentido, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), dependiente de Naciones Unidas, cifra en 24 millones los nuevos empleos que se crearán de aquí a 2030 si se aplica el Acuerdo de París. Esto supone cuatro veces más empleos de los que se perderán con la descarbonización, según la OIT, que al mismo tiempo alerta de que los desastres naturales que provocará el aumento de la temperatura podrían llevar a la pérdida de 72 millones de empleos para 2030. García Breva: "Hay que trabajar por una transición ordenada y planificada que garantice que se van a sustituir unos empleos por otros”

La cuestión entonces es ir acompasando lo que se pierde con lo que se gana. “Lo que hay que hacer es plantear políticas integrales que se pregunten por el futuro de las personas y los territorios; hacia qué tipo de economía se pueden diversificar los habitantes de estas zonas y qué formación necesitan para poder poner en marcha proyectos innovadores en las nuevas economías”, señala Monge.

La directora de Conversaciones de Ecodes pone un ejemplo: “Si queremos que una zona minera se convierta en productora de energía renovable no solamente tendremos que plantar aerogeneradores o paneles solares sino que habrá que crear centros de formación profesional, implantar una industria que fabrique esta tecnología y un instituto universitario que haga la I+D aplicada”.

Para Javier García Breva, experto en modelos energéticos, el problema es que España sigue “desarmada” para luchar contra el cambio climático porque carece de una verdadera estrategia de eficiencia energética, que incluya aspectos como rehabilitación de edificios, autoconsumo y microgeneración renovable, redes eficientes de calefacción y refrigeración, vehículo eléctrico y formación profesional. “Al carecer de todas esas estrategias -lamenta García Breva- la transición energética justa significa que todos los contribuyentes vamos a pagar la prejubilación de los 2.000 mineros, y si luego se cierran las nucleares, la prejubilación de los trabajadores de las centrales, etc. ¿La solución justa es trasladar todos esos costes a los contribuyentes? A mí me parece que no. Hay que trabajar por una transición ordenada y planificada que garantice que se van a sustituir unos empleos por otros”.

Fiscalidad ambiental justa

Las ecotasas o los impuestos verdes son el otro caballo de batalla de la transición justa. Un asunto que hay que manejar con mucha pedagogía y la precisión de un cirujano si se quiere evitar la animadversión de consumidores y trabajadores.

Para la portavoz de Ecodes, “la clave es que lo que se recaude con esos impuestos verdes se destine a esos sectores de la población que necesitan ayuda para el cambio”. Cristina Monge (Ecodes): “La clave es que lo que se recaude con los impuestos verdes se destine a esos sectores de la población que necesitan ayuda para el cambio” Por su parte, García Breva incide en que las ecotasas deben gravar el consumo de manera progresiva “para que incentiven el ahorro de energía y la reducción de emisiones, y penalicen el derroche”. En palabras de este experto, lo que hay que hacer es “subir los impuestos a aquellos consumidores que se pasen de la raya y bajárselo a los que ahorren”.

La lógica de este planteamiento es que “el efecto que se debe perseguir es la descarbonización, por tanto, se trata de reducir las emisiones y el consumo”. González, de la plataforma Futuro en Común, avanza que en 2019 las organizaciones ambientales españolas publicarán un informe conjunto con “importantes propuestas” sobre fiscalidad, que “afectarán a todos los sectores”. A juicio de González, “hay que asumir una serie de postulados sociales y ambientales que reformulen la fiscalidad desde el principio”. Según dice, esta fiscalidad no debería agravar la situación de algunos sectores que ya están bastante castigados por otras circunstancias, como por ejemplo la agricultura, pero sí se podría aplicar en otros.

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