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Los taxistas piden a los ayuntamientos que implanten las medidas necesarias para garantizar la cuota mínima de taxis accesibles

16 Marzo 2018 · SERVIMEDIA

La Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) ha pedido este jueves a los ayuntamientos que no cumplen con la normativa, que implanten las medidas necesarias para cumplir con la reserva mínima legal del 5% de taxis accesibles.

Taxi adaptadoSe trata de una reivindicación que la Asociación Nacional del Taxi lleva planteando desde que se aprobase en 2007 el Real Decreto que establecía la obligación de los ayuntamientos con una población superior a 50.000 habitantes de promover que, al menos un 5% de las licencias de taxi correspondiesen a vehículos adaptados.

En este sentido, el presidente de ANTAXI, Julio Sanz, ha recalcado “la inactividad de la administración durante estos once años en los que solo se ha producido un avance en las grandes ciudades, en la mayoría de los casos a costa del esfuerzo de los titulares de licencia, y que deja a las zonas rurales desatendidas en esta materia”.

Así, los taxistas consideran que las áreas rurales son las más afectadas por la falta de eurotaxis y proponen diferentes soluciones para que se cumpla esta reserva mínima legal de taxis accesibles, establecida en el 5%.

Según Sanz, medidas como “establecer nuevas homologaciones para clasificar a estos vehículos a través de reformas menos costosas o el mejor acceso a líneas de crédito para la adecuación de estos vehículos”, serían muy positivas para mejorar la cuota de taxis accesibles en estas áreas.

Además, en estas zonas, donde generalmente solo existe una licencia, “existe la posibilidad de que a las licencias de eurotaxi existentes se les permita recoger en áreas en las que no pueden prestar servicio, para mancomunar así los servicios del taxi accesible en aquellas zonas con menos densidad de población”, ha asegurado Sanz.

ANTAXI apoya así a la queja que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentó ante el Defensor del Pueblo denunciando el incumplimiento de la cuota mínima de taxis accesibles por parte de los ayuntamientos, y que ha sido admitida por esta institución.

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