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Plena inclusión pide a las comunidades asegurar la continuidad del proyecto 'Mi casa' para la vida en comunidad de personas con discapacidad intelectual

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26 Diciembre 2024 · Discamedia

La presidenta de Plena Inclusión durante una entrevista en Servimedia

Plena inclusión pidió este lunes a las administraciones autonómicas garantizar "la sostenibilidad y expansión" del proyecto "Mi Casa: una vida en comunidad", que ha permitido a 440 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo vivir en comunidad en lugar de residir en instituciones.

Proyecto "Mi casa: una vida en comunidad" de Plena Inclusión España

A lo largo de tres años, 'Mi Casa: una vida en comunidad' ha sido un modelo innovador de desinstitucionalización, encaminado a promover viviendas inclusivas y personalizadas. Su impacto ha servido de referencia en todo el país, en línea con los principios de la ‘Estrategia Europea de Cuidados’ y con la ‘Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad’.

Durante su desarrollo, 'Mi Casa' ha logrado que más de 1.300 empresas y servicios en 35 territorios apuesten por la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

Además, se han establecido 66 viviendas en 7 comunidades autónomas, con el apoyo de 539 profesionales que han proporcionado acompañamiento personalizado a 440 usuarios con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades. Con todo, Plena inclusión alertó de "la necesidad de consolidar estos avances y garantizar su continuidad más allá de 2024".

La sostenibilidad de este modelo requiere del compromiso firme de las administraciones autonómicas para asegurar financiación estable y programas que den continuidad a las viviendas comunitarias", reclamó Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España.

“No podemos permitir que se pierdan los avances logrados hasta ahora entre todos y todas. Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a vivir en comunidad con los apoyos necesarios", exigió. Por todo ello, pidió a los gobiernos autonómicos y al del Estado que "asuman este reto como una prioridad social”.

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