El Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros la penúltima semana del año, pretende reservar “un porcentaje no inferior al diez por ciento” de las plazas convocadas en las ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad frente al 7 % mínimo actual.
El texto, al que ha tenido acceso Servimedia, incluye también la creación en cada uno de los departamentos ministeriales de una unidad de inclusión del personal con discapacidad, medidas ambas que eran reclamadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En las ofertas de empleo público, las personas con discapacidad podrán acceder a las plazas “siempre que superen las pruebas selectivas, acrediten su discapacidad y que esta es compatible con el desempeño de las tareas y funciones” con el objetivo de alcanzar progresivamente el 2 % de los efectivos totales de la Administración.
La norma mantendrá que “al menos” el 2 % de las plazas ofertadas sean cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto para personas que acrediten “cualquier otro tipo de discapacidad”.
Reserva empleo público para personas con discapacidad
La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la respectiva oferta de empleo público, “pudiendo concentrarse las plazas reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor a sus capacidades y competencias”.
Por otro lado, a las unidades de inclusión, que se desarrollan en la disposición adicional novena del anteproyecto, les corresponderá prestar al órgano directivo del que dependan el “apoyo administrativo especializado que precise en materia de inclusión del personal con discapacidad” y asegurar las “medidas de adaptación de puesto de trabajo” recogidas también la norma.
Además, deberán velar por la “plena incorporación y desarrollo profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.
Estas unidades se integrarán “en la estructura orgánica de cada departamento ministerial” y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través de alguno de sus órganos directivos dependientes, de acuerdo con “lo que disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del departamento ministerial”.
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