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El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió este jueves la necesidad de que “la discapacidad sea un eje central en la legislación y en las políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad”.
Peticiones del CERMI al Senado
Planteó esta demanda ante la ponencia de estudio sobre políticas de igualdad y corresponsabilidad-conciliación, constituida en la Comisión de Derechos de las Familias del Senado. En su intervención, Pérez Bueno explicó que las personas con discapacidad constituyen un grupo de interés cualificado en estas políticas, debido a su “alta tasa de feminización y a la interdependencia familiar que se genera en los hogares donde hay una persona con discapacidad".
Asimismo, indicó que las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad enfrentan dificultades añadidas en el acceso a la conciliación laboral y familiar, lo que "perpetúa desigualdades y precariedad económica”,
Por ello, defendió la necesidad de incorporar medidas concretas que "desfeminicen los cuidados, democratizándolos" del entorno familia y que se abran al apoyo comunitario, para lo que hay que reforzar los sistemas públicos de apoyo y autonomía personal a fin de reducir la sobrecarga en las familias y fomentar la asistencia personal como alternativa a la institucionalización.
Además, planteó la importancia de revisar la legislación laboral y de Seguridad Social, incluyendo la reforma urgente de la prestación de la Seguridad Social por cuidado de menor con cáncer o enfermedad grave, eliminando su límite temporal de 26 años para recibirla, y dijo que la accesibilidad universal, tal y como recoge el nuevo artículo 49 de la Constitución, es un factor clave para reducir la carga de cuidados y mejorar la corresponsabilidad.
Finalmente, instó a compensar con medidas fiscales favorables el esfuerzo que afrontan las familias cuando los sistemas públicos no proporcionan la intensidad de apoyos necesaria y solicitó que se extiendan las medidas de acción positiva existentes para las personas con discapacidad a sus cuidadores principales, principalmente mujeres, con el fin de garantizar una mayor equidad y protección social.
