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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sus propuestas de enmienda al Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, con el propósito de reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.
Reclamación del CERMI sobre la IA
Las propuestas del CERMI parten de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española. Este marco jurídico obliga a aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial para favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal, y, al mismo tiempo, a prevenir los riesgos de discriminación y exclusión derivados del diseño y la utilización de estos sistemas.
El documento articula las enmiendas en torno a cuatro ámbitos prioritarios. En primer lugar, reclama que todos los procedimientos previstos en la futura ley incluidos los canales de información y reclamación, los registros, las inspecciones, las sanciones y las explicaciones sobre decisiones algorítmicas, sean universalmente accesibles y comprensibles. Asimismo, exige que las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y de sus familias participen en la elaboración de directrices, en las tareas de supervisión, en los espacios de pruebas y en la gobernanza de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial.
El CERMI solicita también que las garantías de accesibilidad, igualdad y no discriminación se conviertan en obligaciones jurídicas vinculantes, cuyo incumplimiento pueda ser supervisado y sancionado. El objetivo es prevenir el capacitismo algorítmico, entendido como el sesgo que penaliza a las personas que se apartan de patrones corporales, cognitivos, comunicativos, sensoriales o conductuales considerados normativos. Del mismo modo, plantea que las administraciones públicas garanticen que los sistemas de inteligencia artificial que adquieren y utilizan sean accesibles, auditables y respetuosos con los derechos humanos, y que cuenten con una supervisión humana dotada de capacidad real para revisar sus resultados.
De cara a la tramitación parlamentaria, el CERMI insta a los grupos políticos a incorporar estas propuestas al texto de la ley y a establecer mecanismos permanentes de participación de la sociedad civil de la discapacidad. La futura regulación deberá asegurar una supervisión accesible, participada, informada y exigente, así como procedimientos efectivos de reclamación, reparación y sanción cuando se vulneren derechos.
El CERMI advierte de que la gobernanza de la inteligencia artificial no puede descansar únicamente en principios éticos, declaraciones generales o compromisos voluntarios. Los derechos de las personas con discapacidad deben traducirse en obligaciones jurídicas vinculantes, supervisables y exigibles, para evitar que estas personas queden fuera de las garantías diseñadas para proteger al conjunto de la ciudadanía. Ningún avance tecnológico puede considerarse progreso si reproduce discriminaciones, consolida barreras o excluye a una parte de la sociedad.
