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Coincidiendo con la entrada en vigor este 10 de abril de la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un día antes, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha destacado en cermi.es diario los avances incorporados en la norma a favor de la iniciativa social económica de la discapacidad, impulsados por el movimiento representativo articulado en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI.
La secretaria sobre la labor del CERMI
En la entrevista concedida al Digital Global de la Discapacidad del CERMI, la responsable gubernamental subraya que la Ley supone “un paso histórico” en la actualización del marco jurídico de la economía social en España, al reforzar la seguridad jurídica del sector, ampliar sus instrumentos de apoyo y consolidar su reconocimiento institucional como modelo económico orientado al interés general.
Entre los avances más relevantes para el sector de la discapacidad, Merino destaca la incorporación expresa de los centros especiales de empleo de iniciativa social al ecosistema de la economía social, su consideración como prestadores de servicios de interés económico general y el incremento de la contratación pública reservada para estas entidades y para las empresas de inserción, medidas que fortalecen su estabilidad y capacidad de desarrollo.
La secretaria de Estado reconoce igualmente el papel desempeñado por el CERMI y por entidades representativas como FEACEM durante la tramitación parlamentaria de la norma, señalando que sus aportaciones técnicas han sido “decisivas” para mejorar el texto final y orientar los apoyos públicos hacia aquellas iniciativas que reinvierten en su misión social y contribuyen de forma directa a la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad.
La nueva Ley, publicada ya en el BOE y plenamente vigente desde hoy, actualiza de forma integral las principales normas del sector, refuerza la definición de empresa social, impulsa fórmulas innovadoras como la vivienda cooperativa en cesión de uso y amplía el reconocimiento institucional de actores clave del tercer sector, entre ellos la ONCE, consolidando el papel estratégico de la economía social en la cohesión territorial y el empleo inclusivo.
Para el CERMI, la entrada en vigor de esta norma representa un avance relevante en el reconocimiento del valor económico y social de la discapacidad organizada, así como en la consolidación de un modelo productivo inclusivo que sitúa a las personas y los derechos en el centro de la actividad económica.
