· CNSE
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) celebró el día 11 por la tarde el seminario online “No es broma, es violencia”, un encuentro que puso el foco en una realidad aún invisibilizada: el uso de las nuevas tecnologías como herramienta para ejercer violencia contra mujeres sordas jóvenes.
Seminario sobre nuevas tecnologías de la CNSE
La jornada reunió a Vanessa Legrand, vocal de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE, y a las expertas en Políticas de Igualdad de Género de la entidad, Alba Prado y Cristina López, quienes explicaron cómo las dinámicas de control y abuso se han trasladado al entorno digital, adoptando nuevas formas pero manteniendo los mismos patrones de desigualdad.
Durante la sesión se analizaron prácticas como el cibercontrol a través del móvil, la exigencia de contraseñas, la geolocalización constante, el envío insistente de mensajes, el ciberacoso, la sextorsión, la difusión no consentida de imágenes íntimas o el uso de herramientas de inteligencia artificial para humillar y amenazar, así como la proliferación de espacios digitales que difunden discursos antifeministas y de odio hacia las mujeres.
Conductas todas ellas que, en opinión de las ponentes, no son episodios aislados sino una manifestación más de la violencia machista. “La violencia digital no es una violencia menor. Tiene consecuencias reales en la salud mental, en la autoestima y en la autonomía de las víctimas”, afirmó Vanessa Legrand. “Muchas jóvenes sordas viven situaciones de control y acoso que se minimizan como bromas. Nombrarlas y analizarlas desde nuestra realidad es el primer paso para prevenirlas”.
Uno de los ejes centrales del encuentro fue la accesibilidad lingüística. Desde la CNSE se insistió en que cualquier estrategia de sensibilización y prevención frente a la violencia digital debe incorporar de manera transversal la lengua de signos, garantizando que la información llegue a las mujeres sordas en condiciones de igualdad. “No se puede hablar de erradicación de la violencia si parte de la información no es accesible”, manifestaron. “Incluir la lengua de signos no es una medida complementaria, es una condición imprescindible para que todas las mujeres puedan conocer sus derechos y los recursos disponibles”. En este contexto, la entidad apuntó a la Plataforma ALBA, una herramienta digital diseñada para ayudar a reconocer e identificar la violencia que se ejerce contra las mujeres en Internet, adaptada a las necesidades comunicativas de las mujeres sordas. Asimismo, presentó la guía de prevención ‘La realidad tras las redes sociales’, una publicación que ofrece herramientas prácticas para detectar situaciones de riesgo en el entorno digital e incorpora códigos QR con vídeos informativos en lengua de signos, facilitando el acceso a contenidos sobre seguridad digital y derechos. “Hablamos de violencias reproducen los mismos patrones de control y abuso que la violencia presencial, pero con un alcance mayor por su capacidad de difusión inmediata y permanente”, subrayó Alba Prado. “Apostar por recursos accesibles es apostar por una prevención real y efectiva”.
Por su parte, Cristina López incidió en la necesidad de trabajar la prevención desde edades tempranas y desde un enfoque integral: “No basta con saber utilizar la tecnología; es necesario entender sus riesgos. La prevención solo es efectiva cuando es accesible y comprensible. Incorporar la lengua de signos y materiales adaptados es esencial para empoderar a la juventud sorda y fomentar una ciudadanía digital responsable”.
La CNSE concluyó que frenar las ciberviolencias exige un compromiso conjunto de instituciones, plataformas digitales, comunidad educativa y sociedad civil, garantizando siempre que las estrategias de información y atención incluyan a las mujeres sordas y no las excluyan de la protección frente a estas nuevas formas de violencia: “Un entorno digital verdaderamente seguro es aquel que no deja a nadie atrás”.
Para la realización de este webinario, la CNSE ha contado con la colaboración de su Comisión de Juventud Sorda (CJS-CNSE) y con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y Fundación ONCE.
