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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) presentó este jueves durante un webinario los resultados de una investigación destinada a visibilizar y analizar las violencias específicas que afectan a las mujeres sordas en España. La sesión, conducida por Alba Prado y Cristina López, expertas en Igualdad de Género de la CNSE, reunió a mujeres sordas y profesionales del ámbito psicosocial y asociativo.
Un estudio pionero sobre violencia lingüística y cultural
La CNSE, apoyada en su extensa red asociativa y en la experiencia del Servicio ALBA —activo desde 2018 y especializado en mujeres sordas víctimas de violencia—, lleva alertando desde hace años de la persistencia de barreras estructurales que dejan a muchas mujeres sordas sin posibilidad de pedir ayuda, participar en la vida comunitaria o acceder a servicios básicos en igualdad de condiciones.
En este contexto, el estudio impulsado por la Confederación gracias a la subvención de la Secretaría de Estado de Igualdad profundiza por primera vez de manera sistemática en estas violencias hasta ahora poco reconocidas. “Explora las preferencias comunicativas de las mujeres sordas, su situación personal y laboral, y sus experiencias de violencia de género y violencia institucional”, ha explicado Alba Prado durante su intervención.
Un análisis del que según avanza la experta en igualdad de género, se desprenden datos que apuntan a que la violencia lingüística y cultural “debe reconocerse como una modalidad propia de violencia de género con consecuencias claras sobre la dignidad, la autonomía y el bienestar emocional de las mujeres sordas”. Así, el 40,3% de las mujeres sordas consultadas asegura haber sufrido violencia lingüística en sus relaciones de pareja, el 43,5% confirma haber soportado comportamientos ofensivos vinculados a su identidad sorda, como por ejemplo impedirles signar sujetándoles las manos, y un 27,4% afirma haber visto limitado su acceso a actividades de la comunidad sorda por imposición de su cónyuge.
Violencia institucional: una barrera que agrava el riesgo
La investigación también evidencia la magnitud de la violencia institucional que enfrentan estas mujeres cuando buscan apoyo, protección o justicia. Tal es así, que un 58% manifiesta haber abandonado gestiones sanitarias, educativas o administrativas por dificultades en la comunicación; el 73% corrobora que se cuestionó su capacidad por su forma de comunicarse; y un 66% denuncia que tuvo problemas para contar con intérpretes en situaciones de emergencia. “Cuando no se garantiza la accesibilidad lingüística, las instituciones contribuyen a perpetuar la violencia”, ha advertido Prado.
No menos preocupantes son las cifras que provienen del ámbito judicial. Y es que de entre las mujeres encuestadas que denunciaron violencia o agresiones sexuales, el 43,4% señala que no contó con intérprete ni mediadora en ningún momento del proceso; el 35,5% se vio obligada a compartirlas con su agresor, y un 32,2% manifiesta que no se sintió comprendida por el personal a cargo. Testimonios todos ellos que, para Cristina López, “ponen de manifiesto una falta de adaptación estructural del sistema —desde cuerpos policiales y juzgados hasta servicios sociales y sanitarios— a las necesidades comunicativas de las mujeres sordas”.
Demandas claras y urgentes
Otra de las cuestiones evidenciadas durante el webinario es que la erradicación de la violencia lingüística y cultural requiere un compromiso firme, colectivo y sostenido en el tiempo. En este sentido, ambas ponentes insistieron en la necesidad de “consolidar una red de apoyo específica para las víctimas sordas, así como de impulsar medidas públicas que garanticen su protección, acceso a la justicia y atención adecuada en todos los servicios esenciales”.
El encuentro concluyó con un llamamiento unánime a las administraciones para asegurar la presencia de intérpretes de lengua de signos y mediadoras especializadas en todo el proceso de atención y denuncia, eliminar los prejuicios capacitistas que cuestionan la capacidad de las mujeres sordas por usar una lengua minoritaria, y promover políticas que reconozcan y aborden de forma efectiva esta forma de violencia aún invisibilizada. “Solo mediante actuaciones coordinadas y sostenidas será posible avanzar hacia un entorno seguro, accesible y libre de violencias para las mujeres sordas”.
