La directora de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), Estefanía Mirpuri, denunció este miércoles en el Senado que hasta 34 millones de personas con discapacidad visual en la región viven mayoritariamente en la pobreza y enfrentan barreras críticas para acceder a educación y empleo.
La falta de censos fiables impide conocer la magnitud exacta del colectivo, con cifras totales de discapacidad que oscilan entre 50 y 85 millones de personas. Esta carencia de datos dificulta el diseño de políticas públicas inclusivas en la región.
La exclusión económica es alarmante: el 82% de las personas con discapacidad visual vive en situación de pobreza. Además, apenas el 10% logra acceder al sistema educativo y el 80% carece de un puesto de trabajo formal.
Mirpuri reclamó a la comisión de Asuntos Iberoamericanos que la discapacidad mantenga su peso en la cooperación internacional. Subrayó que la FOAL, financiada en un 70% por fondos propios del Grupo Social ONCE, requiere apoyo para expandir sus modelos de éxito.
El programa Ágora destaca como el motor de inclusión laboral, presente ya en 15 países. Esta iniciativa integra a los trabajadores en sistemas locales, formando a profesionales para eliminar barreras y adaptar tareas en empresas públicas y privadas.
En el ámbito educativo, la directora puso como ejemplo el Centro Olga Estrella de República Dominicana. Este modelo de buenas prácticas ha extendido su atención a menores con sordoceguera y otras discapacidades, sirviendo de guía para toda la región.
La fundación también impulsa un cambio en la rehabilitación, priorizando los aspectos psicosociales frente al modelo médico tradicional. Países como Ecuador ya han adoptado guías nacionales alineadas con la Convención de Naciones Unidas.
Pese a los avances, contextos como el de Venezuela han obligado a suspender la actividad desde 2020 por la debilidad del movimiento asociativo. Por el contrario, la colaboración en Cuba permitió implantar recientemente el programa de empleo Ágora.
En el último lustro, la labor de la FOAL alcanzó a 210.000 beneficiarios directos. No obstante, Mirpuri reconoció que el impacto sigue siendo limitado ante la magnitud de la vulnerabilidad que sufre el colectivo en el continente.
