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Con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos, que se celebra este martes con el lema “No hay derechos humanos sin el derecho a la lengua de signos”, la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) reclamó que se garantice el acceso a la información y a los servicios en lengua de signos para este colectivo.
Reclamaciones de accesibilidad por parte de la CNSE
La CNSE señaló que el recordatorio se apoya en el documento de posicionamiento de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), que defiende el derecho de cada persona a elegir cómo comunicarse y la obligación de las Administraciones de aplicar políticas públicas que lo respalden, expuso la organización.
Indicó que, pese al respaldo normativo de leyes como la 27/2007, la 15/2022 y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la realidad dista de ser inclusiva. El presidente de la entidad, Roberto Suárez, advirtió que “la experiencia de miles de personas sordas demuestra que seguimos atrapadas en una brecha dolorosa entre el reconocimiento formal y la igualdad real”.
Entre los principales obstáculos, Suárez citó la escasez de intérpretes acreditados, la falta de regulación profesional y los recursos insuficientes para garantizar la accesibilidad. Como ejemplo, denunció situaciones como la imposibilidad de comunicarse en un hospital por ausencia de intérpretes o la falta de acceso a la lengua de signos en la infancia escolar, así lo ilustró el presidente de la CNSE.
El portavoz insistió en la necesidad de pasar “de los discursos a la acción” y reclamó a las instituciones públicas, educativas y culturales que consulten a las entidades de personas sordas e incluyan presupuestos específicos para cubrir servicios como interpretación, videointerpretación o mediación. Solo así, dijo, se podrá asegurar una accesibilidad estable y no dependiente de improvisaciones.
A nivel internacional, la WFD recordó que existen más de 300 lenguas de signos en el mundo, pero solo 80 países cuentan con un reconocimiento legal, en muchos casos insuficiente. Esta falta de protección, alertó la CNSE, vulnera la diversidad lingüística y limita derechos fundamentales. Por ello, la entidad defiende la necesidad de un futuro en el que toda persona sorda pueda estudiar, trabajar y vivir en igualdad, concluyeron desde la Confederación.
