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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha presentado hoy en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el Protocolo de Atención a Familias con Miembros Sordos, un instrumento estratégico que fija estándares claros para garantizar una atención accesible, equitativa y basada en derechos para este colectivo en todo el territorio.
La CNSE presenta un protocolo en el Ministerio de Derechos Sociales
El acto ha contado con la participación, entre otros, del presidente de la CNSE, Roberto Suárez; la directora general de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea; la directora de Programas de Infancia de la Fundación ONCE, Ana Sastre; y la secretaria general de la CNSE, Natalia Mejías, referente del Consejo para Infancia y Familias, que ha puesto en valor la labor de la red autonómica CNSE de servicios de atención a personas sordas y familias.
Asimismo, se han compartido los testimonios de dos madres con hijos sordos han recordado que “todas las familias, sea cual sea su configuración y realidad, merecen apoyo, visibilidad y recursos para construir vínculos afectivos sólidos y garantizar una comunicación plena en el ámbito familiar”.
Barreras estructurales en el acceso a servicios
Ya en su intervención, el presidente de la CNSE ha recordado que las familias conformadas por personas sordas siguen encontrando barreras que limitan gravemente su acceso a servicios esenciales como la educación, la sanidad o la protección social. “No estamos ante situaciones aisladas, sino ante déficits estructurales del sistema que deben ser corregidos desde las políticas públicas”.
Suárez ha defendido que una atención inclusiva y de calidad no puede depender de la disponibilidad puntual de recursos ni de la sensibilidad individual de las/os profesionales, sino que “debe incorporarse de manera obligatoria y sistemática en todos los dispositivos de atención a las familias”. Y es que, según ha subrayado el presidente de la CNSE, “el incumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de accesibilidad y derechos lingüísticos continúa generando desigualdad real”.
Un modelo organizado y evaluable de atención
En este sentido, el nuevo protocolo establece un modelo organizado y evaluable de intervención que incluye recepción accesible desde el primer contacto, diagnóstico participativo, asignación garantizada de recursos—interpretación en lengua de signos, mediación comunicativa, tecnología de apoyo y materiales accesibles— y seguimiento continuo. Y no solo eso. Este documento se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 27/2007 y el Real Decreto 674/2023, entre otras normas, recordando que estas obligaciones no son recomendaciones, sino mandatos legales.
Garantizar el acceso temprano a la lengua de signos
Especial atención se ha puesto en la prevención de la privación lingüística en la infancia sorda. La entidad ha reclamado que el acceso temprano y pleno a la lengua de signos sea garantizado de forma efectiva, evitando situaciones que comprometan el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas y niños sordos. “La igualdad formal no es suficiente. Necesitamos igualdad efectiva. Y eso implica planificación, recursos, formación obligatoria y evaluación de resultados”, ha defendido Roberto Suárez, que ha instado a las administraciones públicas a adoptar este protocolo como referencia común en todo el Estado.
Con esta iniciativa, la CNSE no solo ofrece una herramienta técnica para mejorar la intervención profesional, sino que marca un estándar mínimo de calidad democrática en la atención a las familias con miembros sordos. “El respeto a la diversidad y la igualdad de oportunidades no son una opción política ni una medida complementaria: son una condición indispensable para el ejercicio pleno de derechos”, ha concluido su presidente.
Para la elaboración del Protocolo de Atención a Familias con Miembros Sordos, la CNSE ha contado con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, y la de Fundación ONCE.
