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La nueva norma da cumplimiento a la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que incorporó la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español y obligaba al Gobierno a concretar reglamentariamente los requisitos necesarios para su aplicación en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
El reglamento fija obligaciones específicas para sectores como la sanidad, el transporte, las telecomunicaciones, la justicia, los espacios culturales, los procesos electorales y la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas.
La accesibilidad cognitiva llega a servicios esenciales
Entre las medidas previstas, la norma establece que la información deberá ofrecerse mediante formatos accesibles como lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas, apoyos visuales, recursos sonoros o herramientas tecnológicas que faciliten la comprensión. Estos apoyos deberán proporcionarse sin costes adicionales para las personas usuarias.
En espacios públicos, museos o medios de transporte se impulsará una señalización más comprensible para favorecer la orientación y la autonomía de las personas con dificultades de comprensión.
Asimismo, las empresas y entidades que operan en el ámbito de las telecomunicaciones deberán adoptar medidas para garantizar la accesibilidad cognitiva de sus servicios y contenidos.
Derecho a la información comprensible en sanidad y justicia
El real decreto también incorpora medidas en el ámbito sanitario. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y aquellas que requieran apoyos cognitivos tendrán derecho a recibir información sobre tratamientos, procedimientos o medicación en formatos accesibles, incluida la lectura fácil cuando sea necesaria.
La relación con las administraciones públicas deberá adaptarse igualmente para facilitar la realización de trámites y garantizar una comprensión adecuada de la información y de los procedimientos.
La norma extiende estas exigencias al ámbito judicial, donde se deberán proporcionar las explicaciones y apoyos necesarios para favorecer la participación de las personas con dificultades de comprensión en igualdad de condiciones.
Beneficios para distintos colectivos
Aunque la regulación tiene un impacto directo sobre las personas con discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo, daño cerebral adquirido, parálisis cerebral o problemas de salud mental, también favorecerá a otros grupos que pueden encontrar barreras de comprensión.
Entre ellos figuran personas mayores con deterioro cognitivo, personas con dificultades de alfabetización o personas migrantes que no dominan el idioma.
Primer marco normativo estatal
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 destaca que este reglamento constituye el primer marco normativo estatal que aborda de forma transversal la accesibilidad cognitiva en España, tanto en la actuación de las administraciones públicas como en la prestación de bienes y servicios.
Para facilitar su aplicación, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG) trabaja en la elaboración de guías dirigidas a organismos públicos y entidades privadas para ayudarles a implementar las condiciones recogidas en el decreto.
La aprobación de esta normativa supone un nuevo avance en la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y en la eliminación de barreras que dificultan la comprensión de información y servicios esenciales.
