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El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social se enfrenta este jueves a su último trámite parlamentario antes de ser sancionada por el rey Felipe VI y publicarse posteriormente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, una norma con la que se actualizan tres leyes actuales: la de economía social, la de empresas de inserción y la de cooperativas.
El Congreso ratifica la nueva ley
La aprobación tendrá lugar tras una larga trayectoria, pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social empezó a trabajar en el texto en 2022, dialogando con organizaciones del sector como Cepes, la patronal española de la economía social.
Al ser aprobada en Consejo de Ministros y enfrentarse a su votación en el Congreso, el texto recibió el apoyo de todos los partidos que hicieron posible en 2023 la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, incluido Junts. En contra votaron PP y Vox, aunque los ‘populares’ apostaron en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, para incorporar más de 40 enmiendas, incluida una del PNV, para tratar de “mejorar” la norma.
Y, precisamente, es este el trámite que resta, que el Congreso vote sobre estas modificaciones del Senado, con el fin de consolidarlas en la ley o eliminarlas. Lo previsible es que la mayoría, si no la totalidad, se excluyan, dado que operará la mayoría de investidura que hizo posible su aprobación inicial, antes de ser enviado el texto al Senado.
Entre los cambios incorporados por el PP en el Senado, destacan enmiendas encaminadas a simplificar trámites administrativos de las cooperativas y eliminar la obligatoriedad de las webs para determinados casos, facilitar la gestión permitiendo planes de igualdad conjuntos y limitar la dotación del fondo de reserva obligatorio para evitar que se frene el desarrollo y crecimiento de las cooperativas.
Otras enmiendas buscan flexibilizar las obligaciones de las empresas de inserción en situaciones de pérdidas, mejorar la coordinación de las empresas de inserción con los servicios públicos de empleo, fortalecer los incentivos para la contratación de personas que han pasado por empresas de inserción en otras de carácter ordinario y aumentar el control para evitar el “intrusismo”.
El PP también apoyó una enmienda del PNV, con la que se permite que empresas públicas o privadas puedan formar parte del capital de una empresa de inserción cuando no tome el control, ni directo ni indirecto, de la compañía ni se modifiquen sus fines sociales y se salvaguarde el régimen de reinversión de resultados.
Tras la votación en la Cámara Alta, el ‘popular’ de Arriba expresó, en declaraciones a Servimedia, su deseo de que se mantengan porque “mejoran la norma”, que es el “objetivo” de su partido con estas enmiendas.
Lo contrario manifestaron a esta agencia los socialistas María Teresa Pérez y Adolfo Lander, quienes denunciaron que los cambios del PP “desnaturalizan” la norma y ponen en “riesgo” el “frágil consenso” alcanzado en el Congreso tras una compleja negociación.
