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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a las instituciones de la Unión Europea que amplíen el alcance de las excepciones a las normas sobre ayudas de Estado para favorecer políticas públicas más ambiciosas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Petición de CERMI a la Comisión Europea
La organización representativa de la discapacidad en España ha trasladado esta posición en el marco del proceso de revisión del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC), norma que permite a los Estados miembros conceder determinadas ayudas públicas sin necesidad de autorización previa de la Comisión Europea cuando cumplen ciertas condiciones. Este Reglamento contempla, entre otros supuestos, ayudas destinadas al empleo de trabajadores desfavorecidos y de personas con discapacidad.
En sus aportaciones, el CERMI sostiene que la normativa europea de ayudas de Estado debe incorporar un enfoque más decidido de inclusión social y laboral, facilitando que los poderes públicos puedan desplegar medidas de apoyo más intensas y flexibles dirigidas a la contratación, mantenimiento en el empleo y promoción profesional de las personas con discapacidad.
Según la entidad, las reglas actuales, aunque ya prevén determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, resultan en ocasiones demasiado restrictivas para responder adecuadamente a las necesidades específicas de este grupo social, que continúa registrando tasas de actividad y empleo significativamente inferiores a las del resto de la población.
El CERMI considera que ampliar el alcance de las exenciones permitiría a los Estados miembros desarrollar con mayor eficacia instrumentos como incentivos a la contratación, ayudas al empleo con apoyo, compensación de costes adicionales asociados a la discapacidad o medidas de adaptación del puesto de trabajo o del entorno laboral.
Asimismo, la plataforma de la discapacidad subraya que reforzar las políticas de empleo inclusivo no solo responde a objetivos sociales y de derechos humanos, sino que contribuye también a una economía más productiva y sostenible, al incorporar al mercado laboral el talento y las capacidades de millones de personas con discapacidad en Europa.
Por ello, el CERMI insta a la Comisión Europea a aprovechar el proceso de revisión del Reglamento General de Exención por Categorías para introducir una mayor amplitud y flexibilidad en las excepciones relativas al empleo de personas con discapacidad, de modo que las políticas públicas puedan desplegar todo su potencial como herramienta efectiva de inclusión laboral y cohesión social.