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CERMI y la Universidad Carlos III identifican las reformas pendientes para garantizar los derechos de las personas con discapacidad

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17 Noviembre 2026 · CERMI

Mesa de una jornada de trabajo sobre derechos de las personas con discapacidad en la sede del CERMI. Dos personas participan en una intervención pública sentadas tras una mesa con micrófonos y documentación. En primer plano destaca el logotipo del CERMI sobre la mesa. Al fondo se observan las banderas de la Unión Europea, España y CERMI, así como un panel informativo en la pared de la sala.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han analizado los avances y desafíos pendientes en la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, cuando se cumplen veinte años de su aprobación.

Durante una jornada de trabajo celebrada en Madrid, representantes del movimiento asociativo y del ámbito académico compartieron las primeras conclusiones de una investigación que evalúa el impacto de la Convención en la legislación española y define una hoja de ruta para impulsar nuevas reformas en materia de derechos, inclusión y accesibilidad.

En la apertura del encuentro, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, destacó que la Convención ha supuesto un cambio histórico para las personas con discapacidad y señaló la importancia de contar con una base técnica sólida para orientar futuras modificaciones legislativas y políticas públicas en todos los niveles de la Administración.

Por su parte, la directora del Instituto de Derechos Humanos de la UC3M, María del Carmen Barranco Avilés, explicó que el estudio analiza la evolución normativa de los últimos años, incorpora los pronunciamientos de organismos internacionales y examina nuevos desafíos sociales y tecnológicos que afectan al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Avances importantes, pero también retos pendientes

El análisis realizado muestra que España ha registrado avances significativos en la adaptación de su legislación al modelo de derechos impulsado por la Convención. Entre ellos, destaca la transformación del sistema de apoyos a la capacidad jurídica promovida por la Ley 8/2021.

Sin embargo, las personas expertas participantes coincidieron en señalar que persiste una importante distancia entre los derechos reconocidos en las normas y su aplicación efectiva en la vida cotidiana. La educación inclusiva, el acceso a la vivienda, la sanidad y la accesibilidad continúan siendo ámbitos en los que existen importantes barreras.

Nuevos desafíos para los derechos de las personas con discapacidad

La investigación también identifica cuestiones que han cobrado relevancia en las dos últimas décadas y que requieren respuestas normativas específicas. Entre ellas destacan:

  • La transformación tecnológica, especialmente en materia de inteligencia artificial, decisiones automatizadas y accesibilidad digital.
  • Los cambios demográficos y sociales, vinculados al envejecimiento de la población, la despoblación rural y el derecho a una vida independiente.
  • La gestión inclusiva de las emergencias y crisis, incluidas las derivadas del cambio climático.
  • La evolución de los derechos vinculados a la salud y la autonomía personal.
  • La necesidad de contar con indicadores que permitan medir el cumplimiento real de los derechos.

Una agenda de reformas para los próximos años

Como resultado del trabajo realizado, se ha elaborado un catálogo con 131 propuestas de reforma legislativa y de políticas públicas, organizadas en diferentes ámbitos y priorizadas según su urgencia y viabilidad.

Entre las medidas consideradas más relevantes figuran:

  • Impulsar una ley que adapte toda la normativa al modelo de apoyos a la capacidad jurídica.
  • Reformar la legislación sanitaria para reforzar los derechos de las personas con discapacidad.
  • Eliminar figuras jurídicas relacionadas con internamientos y tratamientos involuntarios.
  • Desarrollar un plan de transición hacia una educación plenamente inclusiva, acompañado de financiación suficiente.
  • Favorecer modelos de vida independiente y comunitaria frente a nuevas fórmulas de institucionalización.
  • Incorporar la evaluación obligatoria del impacto en los derechos de las personas con discapacidad en las futuras normas.
  • Reforzar la formación de profesionales del ámbito jurídico y social.
  • Crear un sistema público de indicadores que permita evaluar los resultados de las políticas de discapacidad.

La jornada concluyó con la recogida de aportaciones de las entidades del movimiento asociativo de la discapacidad, que servirán para completar el informe definitivo. El documento final será presentado públicamente en diciembre de 2026 y aspira a convertirse en una referencia para orientar las futuras políticas de inclusión y derechos humanos en España.

 

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