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La Fundación Cermi Mujeres (FCM) denunció la falta de protección de las mujeres con discapacidad frente a la explotación laboral, la servidumbre doméstica y el trabajo forzado.
Así lo expresó la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez, durante su intervención en una conferencia del Congreso Internacional ‘Las personas trabajadoras con discapacidad/des como colectivo de atención prioritaria en las políticas de empleo’, organizado por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y que se celebra estos días en Albacete.
Bajo el título ‘El derecho del trabajo de las mujeres con discapacidad: una mirada interseccional desde la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Cedaw’, Peláez reclamó medidas “urgentes” que fortalezcan las políticas públicas destinadas a garantizar condiciones laborales “dignas y equitativas”.
También, subrayó la necesidad de disponer de datos oficiales fiables, así como de un diagnóstico profundo que permita abordar las causas estructurales de la discriminación que enfrentan estas mujeres en el acceso y ejercicio de su derecho al empleo.
Durante su ponencia, también ofreció propuestas concretas para abordar los desafíos inmediatos que limitan el acceso en igualdad de condiciones a un empleo decente, incluido el derecho a desarrollar una actividad profesional libremente elegida, en un entorno inclusivo y libre de violencia.
La Fundación Cermi Mujeres advirtió que, para muchas mujeres con discapacidad, las tareas domésticas representan la única alternativa económica. A pesar de la existencia del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que regula esta actividad en España, muchas de estas trabajadoras carecen de contrato y no están dadas de alta en la Seguridad Social, lo que las condena a una situación de “exclusión y pobreza”. Por ello, Peláez llamó a impulsar programas que faciliten su incorporación al mercado laboral formal.
Por otro lado, y en línea con el Convenio 190 sobre la violencia y el acoso de la OIT, la vicepresidenta ejecutiva de la FCM argumentó la necesidad de llevar a cabo un estudio sobre las causas que sustentan la escasez de denuncias presentadas por trabajadoras con discapacidad que fueron víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo.
Asimismo, exigió una supervisión efectiva por parte de la inspección laboral de todos los entornos laborales, incluidos el trabajo doméstico y los centros de empleo de personas con discapacidad, donde se debería de contar también con protocolos accesibles y seguros de denuncia para las víctimas con discapacidad de acoso sexual que respeten su derecho a la intimidad, la confidencialidad y la protección contra las represalias.
Para finalizar su intervención, Peláez advirtió de la necesidad de denunciar e investigar todos los casos de explotación laboral, incluida la explotación sexual, la servidumbre doméstica y el trabajo forzado de mujeres con discapacidad.
