· Fundación A LA PAR
Se cumplen 20 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobase el texto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) —se celebró el 13 de diciembre de 2006—, un instrumento esencial para proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que fue ratificado por el Gobierno de España sin reservas en 2008.
Fundación A LA PAR sobre la Convención de Discapacidad
Este tratado internacional histórico supuso un cambio en la forma de entender la discapacidad en todo el mundo, así como un avance en el respeto hacia este colectivo y su papel en la sociedad. El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, a propuesta del CERMI, Día Nacional de la Convención en España, coincidiendo con la fecha de su entrada en vigor, con el objetivo de visibilizar su impacto y recordar los retos aún pendientes.
La Convención consolidó definitivamente la consideración de las personas con discapacidad como titulares de pleno derecho y con capacidad para decidir sobre sus propias vidas y participar en igualdad de condiciones en la sociedad. El derecho a decidir dónde vivir y con quién hacerlo fue uno de los principales logros de este texto. Frente al modelo tradicional, basado en la institucionalización —internamiento de personas con discapacidad en residencias y centros cerrados—, la CDPD consagró en su artículo 19 el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad.
La desinstitucionalización, el proceso por el que personas que viven en residencias pasan a hacerlo en entornos elegidos, sigue siendo uno de los grandes retos del sistema de atención a la discapacidad en nuestro país.
Fundación A LA PAR es un referente en este ámbito. Con más de 75 años de experiencia, A LA PAR tiene como máxima la lucha por los derechos y la participación social de las personas con discapacidad intelectual, ofreciéndoles diferentes herramientas para una vida plena y elegida: deporte y ocio adaptados, formación, empleo, acceso a la justicia y programas de apoyo a la emancipación.
Su proyecto piloto de desinstitucionalización, absolutamente pionero y revolucionario, se inició en 2023 gracias a una subvención de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, canalizada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Esta iniciativa promueve una vida independiente dotada de los apoyos presenciales y digitales necesarios para garantizar una vida de calidad.
Gracias a este proyecto, A LA PAR ha conseguido desinstitucionalizar a 17 personas que vivían en residencias y viviendas tuteladas y que habían expresado su deseo de asumir el control de sus propias vidas. Estas personas se formaron durante varias semanas en una vivienda de entrenamiento —por la que han pasado más de 400 personas desde su inauguración en 2013—, un espacio donde desarrollan su autonomía antes de dar el salto a una vida en comunidad. Además, se les ofrecen apoyos sostenibles a largo plazo mediante acuerdos con entidades públicas y su integración en el mercado laboral.
Apoyo personal y digital para la vida independiente
Desde su creación, el Servicio de Vida Independiente de la Fundación A LA PAR ha logrado resultados claramente positivos: más de 100 personas viven ya de forma autónoma en la Comunidad de Madrid. En los más de 70 hogares distribuidos por distintos barrios y promovidos por la Fundación, las personas residentes gestionan su día a día, fortalecen sus relaciones sociales y desarrollan un sentimiento de pertenencia.
Como complemento a los apoyos personalizados, la Fundación ha desarrollado la aplicación móvil ELLIOT, una herramienta innovadora que refuerza la autonomía y facilita la gestión de la vida independiente. Este asistente virtual ayuda en tareas cotidianas como la toma de medicación, la planificación de menús saludables, el autocuidado, las tareas del hogar y el desarrollo de habilidades para la convivencia en comunidad.
Un salto hacia el futuro
Durante estas dos décadas, la Convención ha sido una palanca clave para la acción de los poderes públicos, impulsando cambios que han mejorado las condiciones de vida de millones de personas con discapacidad y sus familias. Entre los principales avances destacan:
- El reconocimiento jurídico y la protección de derechos.
- La mayor participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en las políticas públicas.
- Avances en accesibilidad universal.
- Un mayor acceso a la educación inclusiva, el empleo y la protección social.
- El fortalecimiento de modelos basados en apoyos personalizados y procesos de desinstitucionalización.
- Un aumento de la concienciación social y la eliminación de prejuicios.
