· Fundación CERMI Mujeres
Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha reclamado que el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria garantice una protección efectiva de las mujeres y los niños y niñas con discapacidad. La entidad ha defendido que la futura norma incorpore de forma transversal la perspectiva de género y discapacidad, con medidas que permitan identificar las distintas manifestaciones de esta violencia y eliminar las barreras que dificultan el acceso de las víctimas a la justicia, los apoyos y la reparación.
Propuesta de la Fundación CERMI Mujeres
Esta demanda ha centrado el XXIX Conversatorio de FCM, celebrado este 2 de octubre en formato virtual, en el marco del convenio de colaboración con la Asociación Alanna. Moderado por Pilar Villarino Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal y secretaria del Patronato de FCM, el encuentro ha reunido a representantes del Gobierno, la judicatura y el movimiento feminista para examinar el alcance del proyecto y los retos de su aplicación.
La delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de FCM, Sara de Torres Riveiro, ha advertido de que las necesidades de apoyo pueden ser utilizadas como instrumentos de violencia. La manipulación de tratamientos, la obstaculización del acceso a recursos educativos o terapéuticos y el control de productos de apoyo son conductas que, según ha planteado, deben tenerse en cuenta en la valoración del riesgo y en las medidas de protección.
De Torres ha reclamado accesibilidad universal, ajustes de procedimiento y formación especializada para quienes intervienen en estos casos. También ha defendido la provisión de apoyos que permitan escuchar de manera efectiva a la infancia con discapacidad y evitar la victimización secundaria. La discapacidad, ha subrayado, no puede utilizarse para restar credibilidad a una víctima ni para cuestionar, por sí misma, su capacidad para ejercer la maternidad.
La presidenta de la Asociación Alanna, Chelo Álvarez Sanchís, ha puesto el foco en las madres con discapacidad y en las madres de hijos e hijas con discapacidad. Ha alertado sobre la falta de datos que permitan conocer su situación y ha reclamado herramientas accesibles de recogida de información, así como servicios especializados que respondan a sus necesidades.
Álvarez ha señalado las contradicciones que se producen cuando se recomienda a las mujeres alejarse del maltratador, mientras determinados recursos mantienen la vinculación de sus hijos e hijas con el agresor sin garantizar su seguridad. Por ello, ha pedido revisar las prácticas de protección y atender tanto a las situaciones de violencia que no cuentan con una sentencia como a las barreras adicionales asociadas a la discapacidad.
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha destacado la contribución del movimiento asociativo, las activistas y las madres protectoras al reconocimiento de la violencia vicaria. Ha valorado que el proyecto establezca un marco para identificarla y refuerce instrumentos como la suspensión de la patria potestad del agresor, la especialización judicial y las medidas de reparación para la infancia.
Pérez Correa ha defendido la formación interdisciplinar de los profesionales y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para alcanzar un consenso que permita aprobar el texto durante la legislatura, en respuesta a la demanda social de mayor protección.
Por su parte, el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet ha valorado favorablemente el tratamiento de la violencia vicaria mediante la agravante de género. Ha vinculado esta previsión con el trabajo del Tribunal Supremo para reconocer que el daño infligido a los hijos e hijas u otras personas del entorno constituye también una agresión dirigida contra la mujer, con la finalidad de castigarla y controlarla a través de sus vínculos afectivos.
La vicepresidenta de la Asociación Española de Feministas Socialistas, Altamira Gonzalo Valgañón, ha insistido en preservar esa conexión y ha alertado sobre las dificultades para detectar la violencia en los procedimientos de familia, especialmente cuando no existe denuncia previa. Ha advertido de las consecuencias de decidir sobre custodia y visitas sin identificar el contexto de control y violencia tras la ruptura.
Gonzalo ha propuesto incorporar indicadores y protocolos que orienten la detección y la protección. Asimismo, ha valorado la atención a la discapacidad y el reconocimiento del derecho de la infancia a ser escuchada, aunque ha señalado que estas garantías requieren medios materiales suficientes y una mayor comprensión de los efectos del trauma.
Fundación CERMI Mujeres ha defendido que la tramitación parlamentaria refuerce una respuesta respaldada por recursos, formación y coordinación institucional. El objetivo es que la futura ley garantice la participación de las víctimas y evite que las decisiones sobre las relaciones familiares prolonguen el control y el daño.
Accede al vídeo completo del conversatorio.
