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La juventud con discapacidad de toda España ha alzado la voz en la Cúpula del Milenio de Valladolid para reclamar un cambio radical en la gobernanza de sus derechos: dejar de ser meros destinatarios de asistencialismo para constituirse en sujetos políticos con plena capacidad de decisión sobre sus vidas. Bajo el lema “El derecho a un proyecto de vida propio”, el II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad, organizado por el CERMI Estatal, la Fundación ONCE y el CERMI Castilla y León, ha iniciado sus sesiones situando en el centro la autonomía personal, el empoderamiento intergeneracional y la urgencia de eliminar las barreras estructurales que impiden el ejercicio de una ciudadanía plena.
Jóvenes con discapacidad reclaman más voz para decidir su futuro
Durante el acto de apertura, la presidenta de la Comisión de Juventud con Discapacidad del CERMI Estatal, Macarena Sánchez Prieto, enfatizó que los jóvenes del colectivo no aceptan que otros decidan sobre su futuro o limiten sus aspiraciones. En su intervención, Sánchez Prieto subrayó la necesidad de incidir activamente en la agenda pública: «Lo que realmente queremos alcanzar con esta voz es dejar de ser objetos para poder llegar a ser sujetos; no debemos ser objetos, debemos ser sujetos y para eso lo principal es ser escuchados y marcar las agendas políticas».
En el mismo espacio de debate, conducido por el activista Daniel Álvarez Barros y con la participación de Àngel Asins Satorres (Fundación ONCE / CERMI Estatal), se puso de relieve que las demandas juveniles no deben restringirse a la parcela de la discapacidad, sino permear ámbitos transversales como la emancipación, la vivienda, la educación inclusiva y el empleo digno. Asimismo, se reivindicó el valor de la trayectoria asociativa previa, construyendo sobre «hombros de gigantes» para articular una red estatal sólida entre congresos.
La mesa inaugural del encuentro centró su análisis en el balance de los 20 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, abordando los avances legislativos y los retrocesos o inercias que persisten en el ordenamiento español. Moderada por Jara Sánchez (IMPULSA IGUALDAD / CERMI), la sesión contó con aportaciones especializadas en materia de empleo, protección social, accesibilidad y capacidad jurídica.
En el plano laboral y de la Seguridad Social, el experto en Derecho del Trabajo José Antonio Rueda Monroy censuró las barreras legales que penalizan la inserción laboral de las personas con incapacidad permanente, incrementadas tras reformas recientes del artículo 198.2 de la Ley General de la Seguridad Social y pronunciamientos judiciales que obligan a elegir entre prestación o empleo. Rueda Monroy defendió la plena compatibilidad entre ambos elementos, argumentando que «no se le puede obligar a una persona a elegir entre el trabajo y la pensión; tanto el derecho al trabajo como el derecho a la protección social tienen que ser derechos complementarios». Por su parte, en intervención telemática desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Stefan Trömel apostó por reconfigurar los procesos de selección hacia la valoración del talento y la erradicación de prejuicios corporativos.
En el ámbito de la accesibilidad universal, la asesora del CERMI y activista Fefa Álvarez Ilzarbe analizó el impacto del transporte en la cadena de emancipación, recordando que una falla en la accesibilidad física o cognitiva quiebra de inmediato los derechos al estudio, al trabajo o al ocio. Álvarez Ilzarbe apeló al compromiso de las nuevas generaciones proclamando que «debemos ser activistas en defensa de la accesibilidad del transporte porque esa accesibilidad es la que nos permite ejercer el resto de nuestros derechos en igualdad».
Respecto al ejercicio de los derechos civiles, la abogada y mediadora Sara Fernández Muñoz abordó la transformación derivada de la Ley 8/2021, que adaptó la legislación española al artículo 12 de la Convención de la ONU eliminando las figuras de sustitución de la voluntad (tutela) en favor de un sistema basado en la autonomía. Fernández Muñoz remarcó que «las medidas de apoyo se organizan en torno a la voluntad de la persona y no a lo que determine una tercera persona», instando a las entidades bancarias, instituciones y operadores jurídicos a garantizar los apoyos necesarios y el libre consentimiento de la persona con discapacidad.
El congreso contó también con el saludo institucional de las concejalías de Juventud y de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid (Carolina del Bosque Peón y Rodrigo Nieto García), que expusieron iniciativas locales de ocio inclusivo y la labor de la Mesa de Discapacidad municipal.
A continuación, la delegada de nuevas formas de activismo del CERMI Estatal, Marta Castillo Díaz, situó la urgencia de renovar los liderazgos asociativos combinando la solvencia institucional del movimiento tradicional con la frescura e interseccionalidad de las nuevas generaciones. Castillo dedicó una parte fundamental de su ponencia a la situación de las mujeres jóvenes con discapacidad, reclamando una presencia real y no testimonial en las directivas: «No queremos estar en los órganos directivos simplemente por cubrir una foto; las mujeres con discapacidad tenemos experiencia, conocimiento y capacidad, pero sobre todo tenemos exactamente el mismo derecho a participar y a decidir».
Completando el análisis de las situaciones de mayor vulnerabilidad, el técnico experto de la Fundación ONCE Iván Carmona Rojo presentó el Estudio sobre adicciones a sustancias y discapacidad (impulsado junto a Inserta Empleo y UNAD). La investigación revela que en más del 65 % de los casos el consumo de sustancias precedió a la discapacidad y que otro 65 % compatibilizó la adicción con el trabajo, elevando el riesgo de pérdida del empleo. Carmona alertó del impacto extremo en los jóvenes con discapacidad psicosocial, caracterizados por el policonsumo, el abandono formativo y la falta de experiencia laboral previa y reclamó apoderamiento, itinerarios personalizados e integración laboral flexible.
Como colofón a la jornada inaugural, los más de 120 congresistas protagonizaron la actividad participativa Ágora Joven, un espacio dinamizado para el análisis colectivo donde debatieron abiertamente sobre las preocupaciones, vivencias cotidianas y barreras de acceso a la autonomía que enfrentan en su día a día.
El II Congreso Estatal de Juventud con Discapacidad continúa el 25 y 26 en Valladolid promoviendo la creación colectiva, el diálogo intergeneracional y la elaboración de una agenda pública de reivindicaciones que garantice a cada joven el pleno ejercicio de su autonomía personal.
