· Servimedia
Cinco años después de su entrada en vigor, la Ley 8/2021, que sustituyó el modelo de incapacitación por un sistema basado en apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, sigue enfrentándose al desafío de trasladar sus principios a la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Así lo señalaron representantes del ámbito jurídico, social y asociativo durante un encuentro organizado por Servimedia junto al Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas.
Los participantes coincidieron en que la reforma supuso un cambio profundo en la manera de entender la discapacidad al situar en el centro la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Ley 8/2021 cambia el modelo de atención a la discapacidad
La presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Barrio del Olmo, destacó los avances registrados durante estos cinco años y valoró el esfuerzo realizado por los operadores jurídicos para adaptarse a la normativa. Según explicó, cada vez son más las personas que recurren a medidas voluntarias de apoyo gracias a una mayor información y conocimiento sobre la reforma.
No obstante, advirtió de que todavía persisten prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad, tanto en el sistema de justicia como en la sociedad. Además, señaló que la accesibilidad debe reforzarse ante el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Por su parte, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, definió la norma como una legislación de referencia internacional. Sin embargo, subrayó que el verdadero reto comenzó tras su aprobación.
"Lo más difícil está en el despliegue y en la aplicación", afirmó, al señalar que la transformación requiere tiempo, recursos y una progresiva interiorización del nuevo modelo por parte de las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales implicados.
Persisten dificultades en la aplicación práctica
La coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz, alertó de que todavía existe una distancia significativa entre el contenido de la ley y su aplicación efectiva. Según datos del Observatorio de Jurisprudencia sobre Sistemas de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica, impulsado por Plena inclusión y la Universidad Carlos III de Madrid, solo en el 1,7% de los casos analizados se realizan ajustes de procedimiento.
Asimismo, indicó que los informes sociales y médicos se solicitan únicamente en torno al 14% de los expedientes estudiados y que muchas resoluciones judiciales no justifican de forma suficiente las medidas de apoyo adoptadas.
De Araoz también recordó que los procedimientos deben garantizar una participación real de las personas afectadas y ajustarse de forma proporcional a sus necesidades para que el cambio de modelo tenga reflejo en la vida diaria.
De los derechos reconocidos a los derechos ejercidos
La directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez, calificó la Ley 8/2021 como un hito en la consolidación de un enfoque basado en los derechos humanos. A su juicio, el siguiente paso consiste en convertir los derechos reconocidos por la norma en derechos efectivamente ejercidos.
Para ello, defendió la necesidad de situar la accesibilidad universal en el centro de las políticas públicas y de fortalecer la colaboración con administraciones, universidades, entidades de apoyo a la toma de decisiones y entidades financieras.
"No se trata de determinar quién puede decidir mejor por una persona, sino qué apoyos necesita para que su voluntad sea una realidad", resumió.
Más recursos para una justicia accesible
La fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, destacó que la reforma ha impulsado cambios importantes en la formación de jueces, fiscales, abogados y notarios, reforzando una visión centrada en la dignidad y autonomía de las personas.
Según explicó, los profesionales jurídicos tienen la responsabilidad de garantizar que la voluntad de cada persona pueda formarse y expresarse libremente, sin interferencias ni abusos.
Segarra destacó como uno de los avances la revisión de antiguas sentencias de incapacitación para adaptarlas al nuevo modelo, aunque reconoció que siguen existiendo importantes carencias. Entre ellas citó la falta de facilitadores procesales en todos los territorios, la necesidad de órganos judiciales especializados y la insuficiencia de equipos multidisciplinares para diseñar medidas de apoyo ajustadas a cada caso.
Consolidar el cambio de modelo
Los participantes coincidieron en que los próximos años serán decisivos para consolidar la transformación iniciada por la Ley 8/2021. Entre los retos identificados figuran la eliminación de prejuicios, la mejora de la accesibilidad universal, la corrección de efectos detectados en ámbitos como la fiscalidad o la Seguridad Social y el refuerzo de los recursos de la Administración de Justicia.
El consenso entre representantes del movimiento asociativo, la judicatura, la fiscalía y el notariado fue claro: la reforma ha supuesto un avance histórico para los derechos de las personas con discapacidad, pero su éxito dependerá de que esos derechos puedan ejercerse de forma efectiva en todos los ámbitos de la vida. Como resumió Lourdes Márquez, la cuestión ya no es determinar quién puede decidir por una persona, sino identificar qué apoyos necesita para que su voluntad pueda hacerse realidad.
