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La aprobación de este nuevo marco legal supone un avance importante en el proceso de normalización de la lengua de signos española, al dotarla de un sistema oficial de certificación estructurado conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
CNSE aprueba la nueva ley MCER
Responde, de hecho, a una reivindicación histórica del movimiento asociativo que, en palabras de Roberto Suárez, presidente de la CNSE, permitirá aportar mayor orden, seguridad y claridad en ámbitos tan importantes como el educativo, el laboral y el administrativo. “Estos diplomas contribuirán a ampliar las oportunidades de acceso al empleo, a la formación y a la participación de las personas sordas, al tiempo que constituirán una fórmula de reconocimiento y acreditación para las personas sordas signantes en aquellos contextos que requiera un dominio eficaz de lengua de signos española”.
Suárez ha acogido positivamente que la dirección académica de los diplomas se encomiende al Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, que su organización por niveles se ajuste a lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y que puedan generarse adaptaciones específicas que respondan a las necesidades y demandas de la infancia sorda y de las personas sordociegas, entre otras. Asimismo, ha puesto en valor el sistema de convalidaciones, y ha subrayado el reconocimiento que tendrán estos diplomas ante las administraciones y organismos públicos. No obstante, ha señalado que “para aquellos puestos de trabajo que impliquen el uso de la lengua de signos española, el contacto regular con personas sordas y sordociegas sería preciso que para optar a los mismos se realicen las habituales pruebas de conocimiento”.
El papel del profesional sordo especialista en lengua de signos
Otra cuestión en la que ha insistido Suárez es en la necesidad de reconocer dentro del sistema público el perfil del profesional sorda/o especialista en lengua de signos española, que cuenta ya con reconocimiento normativo en el Real Decreto 674/2023 y desarrolla funciones esenciales como referente lingüístico, agente educativo, formador, mediador y profesional vinculado a la creación de materiales inclusivos. “La lengua de signos no puede entenderse sin las personas sordas que la enseñan, transmiten y sostienen”.
A tal efecto, la CNSE confía en que la implementación de esta nueva normativa contemple la participación de esta figura en los procesos de acreditación y garantice su reconocimiento profesional, al constituir una pieza clave para la calidad y la legitimidad de la enseñanza. “Contribuiría a saldar una deuda histórica con un colectivo que, pese a la minorización que ha sufrido su lengua, ha sido motor constante en su enseñanza, promoción y en la defensa de los derechos lingüísticos de las personas sordas”.
Por último, la entidad ha recordado la importancia de contar con su Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas como institución líder, referente y experta en la formación y transmisión de la lengua de signos, su historia, los valores de la comunidad sorda y la cultura sorda.
En este sentido, ha reiterado su disposición a colaborar con las administraciones públicas en el despliegue de este nuevo marco regulador, con el objetivo de contribuir a un sistema de certificación riguroso, inclusivo y alineado con los estándares internacionales, que garantice de forma efectiva los derechos de las personas sordas: “Cada avance normativo que refuerza su estatus es un paso hacia una sociedad más justa, plural y accesible”.
