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El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha detectado cerca de 1.300 retrasos en los procedimientos de reconocimiento y revisión del grado de discapacidad durante el año pasado, hasta el punto de considerar que se han consolidado como “un problema estructural” en España y, por ello, reclama “más recursos” ante demoras generalizadas que dificultan el acceso a derechos y prestaciones.
Así lo recoge el Informe Anual 2025 de la institución presentado este martes en las Cortes Generales y entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para su tramitación parlamentaria.
El documento subraya que el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33% es “una condición imprescindible para acceder a un amplio conjunto de prestaciones, servicios y beneficios públicos” y recuerda que este sistema responde al mandato de protección reforzada recogido en el artículo 49 de la Constitución, por lo que “los retrasos no solo son una disfunción administrativa, sino una limitación efectiva de derechos”.
Durante 2025, el Defensor del Pueblo ha registrado cerca de 1.300 quejas individuales de personas que “seguían esperando una resolución”, en muchos casos “sin información sobre el estado de su expediente ni previsión de respuesta”. Detrás de estas cifras hay situaciones de especial vulnerabilidad, que afectan tanto a menores como a personas mayores o con necesidades urgentes de apoyo.
El informe identifica como principal causa de estas demoras “la falta de personal en los equipos multiprofesionales encargados de las valoraciones”. Aunque diversas comunidades autónomas han puesto en marcha medidas como refuerzos de plantilla, planes de choque o mejoras retributivas para atraer profesionales sanitarios, la institución concluyó que “estos esfuerzos no están siendo suficientes para resolver el problema de fondo”.
Además, el documento pone de relieve “importantes desigualdades territoriales” en la gestión del sistema. Existen diferencias en los tiempos de espera, en los criterios de priorización de expedientes y en el grado de desarrollo normativo autonómico tras la aprobación del Real Decreto 888/2022. Mientras algunas comunidades han avanzado en la regulación de los equipos y procedimientos, otras “aún se encuentran en fases iniciales”.
El Defensor del Pueblo también destacó “carencias en la información ofrecida a los solicitantes”. En muchos casos, las administraciones no comunican los plazos estimados ni orientan sobre las posibles prestaciones disponibles, lo que genera “incertidumbre y dificulta la planificación de las familias”. Por ello, insistió en la necesidad de “mejorar la transparencia y la atención al ciudadano durante todo el proceso”.
En paralelo, el informe valora ciertos avances, como la implantación de valoraciones telemáticas o el refuerzo de la coordinación entre los sistemas de discapacidad y dependencia, aunque advierte de que estas medidas deben “aplicarse con garantías para no afectar a la calidad de la evaluación”.
Finalmente, la institución reclamó que la actual situación “no puede normalizarse” y llamó a las administraciones a “actuar con mayor contundencia”. En este sentido, formuló más de un centenar de recordatorios del deber legal de resolver en plazo y reclamó una “dotación suficiente y sostenida de recursos humanos, técnicos y organizativos” que permita “garantizar un sistema ágil, equitativo y centrado en las necesidades reales de las personas con discapacidad”.
