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La Fundación Cermi Mujeres reclamó este jueves la aprobación de una ley específica de reparación para las víctimas de esterilización forzada o no consentida durante su participación en el encuentro europeo organizado por el ‘Foro Europeo de la Discapacidad’, donde denunció que se trata de una “grave violación de derechos humanos aún no reparada”.
Reclamación de la Fundación CERMI Mujeres
En el foro ‘Peer Exchange on Forced Sterilisation’, celebrado de forma telemática, la entidad puso el foco en “la necesidad urgente” de reconocer a las mujeres con discapacidad que han sufrido estas prácticas y de adoptar medidas basadas en los principios de verdad, justicia, indemnización y garantías de no repetición.
Durante su intervención, la delegada de Derechos Humanos y Agenda Política de la Fundación, Sara De Torres Riveiro, advirtió de que la esterilización forzada “no es una cuestión del pasado”, sino una realidad estructural que durante décadas ha sido invisibilizada por prejuicios capacitistas, estereotipos de género y marcos legales que negaban la autonomía de las personas con discapacidad.
En este sentido, expuso el caso de España, donde durante más de 30 años la legislación permitió la esterilización de personas con discapacidad bajo tutela judicial “sin su consentimiento”, lo que derivó en miles de intervenciones irreversibles que afectaron mayoritariamente a mujeres y niñas.
Aunque la reforma del Código Penal de 2020 prohibió definitivamente estas prácticas, alineando a España con los estándares internacionales, la Fundación advirtió de que muchas víctimas siguen “sin reparación”, lo que evidencia una “deuda histórica” pendiente.
Ante esta situación, la Fundación Cermi Mujeres ha impulsado una propuesta legislativa que plantea un enfoque integral de reparación, que incluye el reconocimiento institucional de las víctimas, disculpas públicas, compensación económica, acceso a atención sanitaria y apoyo psicológico, así como políticas de memoria y sensibilización.
Además, la iniciativa contempla la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales que autorizaron estas esterilizaciones, con el objetivo de “restituir la dignidad de las personas afectadas y afirmar su incompatibilidad con los actuales estándares de derechos humanos”.
La entidad enmarcó esta propuesta en su labor de incidencia política, que ha incluido comparecencias en el Congreso y el Senado para promover un consenso que permita abordar esta cuestión como una política de Estado.
Con esta actuación, la Fundación Cermi Mujeres reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad y subrayó que “la erradicación definitiva de estas prácticas exige no solo su prohibición, sino también el reconocimiento del daño causado y la garantía de que no vuelva a repetirse”.
