Jornadas: "Más de un año tras la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica"
Dirección: Palacio del Senado - C. de Bailén, 3
Ciudad: Madrid
Provincia: Madrid
Codigo postal: 28013
País: España
Enlace del evento: Jornada La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y proces…
Teléfono: 91 360 16 78
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), la Fundación ONCE y la Fundación Aequitas, organizan, con la colaboración de Plena Inclusión y la Asociación Liber, las jornadas tituladas ‘Más de un año tras la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica’.
El evento se celebrará los días 15 y 16 de marzo, en horario de mañana, en el Senado, en Madrid. En las jornadas participarán personas implicadas y dedicadas a la la Ley 8/2021.
El objetivo es abordar esta importante norma y las reformas pendientes en algunas comunidades sutónomas contando con la intervención de expertos en asuntos jurídicos de la administración de justicia, la universidad y el movimiento asociativo.
La nueva Ley 8/2021
El texto pretende adecuar nuestro ordenamiento a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. Su artículo 12 proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas para proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Ejercicio de la capacidad jurídica
El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad. Así, exige a los Estados Partes que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias para impedir los abusos de conformidad con el Derecho internacional en materia de derechos humanos.
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