Envejecer con discapacidad: lo que cambia con la reforma que conecta dependencia y discapacidad

El Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva el pasado 16 de septiembre la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Es la revisión más amplia de ambos sistemas desde su creación, y una de sus novedades afecta de lleno a un grupo que hasta ahora quedaba en tierra de nadie: las personas que envejecen con discapacidad y las personas mayores que adquieren una discapacidad con la edad.

Hasta ahora, discapacidad y dependencia funcionaban como dos sistemas paralelos, con valoraciones, trámites y recursos distintos, aunque en la práctica atendieran muchas veces a las mismas personas. La reforma empieza a conectarlos.

Dos sistemas para las mismas personas

La última Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia del Instituto Nacional de Estadística cifró en 4,38 millones las personas con discapacidad que viven en hogares en España, una tasa de 94,9 por cada mil habitantes. Más de 2,6 millones de ellas tienen 65 años o más, y las mujeres son mayoría: 2,57 millones frente a 1,81 millones de hombres.

Las cifras muestran hasta qué punto discapacidad y envejecimiento se solapan. Sin embargo, una persona mayor con una limitación funcional reconocida en el sistema de dependencia debía iniciar un procedimiento distinto para obtener el certificado de discapacidad, con otra valoración y otros plazos. La reforma elimina buena parte de esa duplicidad.

Qué cambia en la práctica

El cambio más directo es el reconocimiento automático. Quienes tengan reconocido un grado I de dependencia obtendrán automáticamente un 33 % de discapacidad, y quienes tengan un grado II o III podrán ser reconocidos con un 65 %. Para muchas familias, significa acceder a derechos y beneficios asociados al certificado sin repetir el proceso.

A ello se suman otras medidas de calado. El plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia se reduce de seis a tres meses. La asistencia personal deja de limitarse a los ámbitos educativo y laboral y pasa a formar parte del catálogo de servicios, orientada a la vida independiente. Y la accesibilidad universal se reconoce como un derecho que puede reclamarse en edificios y servicios públicos.

En el plano económico, la ley obliga a la Administración General del Estado a asumir el 50 % de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia, y las comunidades autónomas recibirán 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027.

El fin de las incompatibilidades

La reforma suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones y servicios. Hasta ahora, acceder a un recurso podía obligar a renunciar a otro aunque ambos fueran necesarios. A partir de ahora pueden combinarse, por ejemplo, el centro de día con la teleasistencia.

Es una novedad especialmente relevante para quienes necesitan apoyos profesionales durante el día pero quieren seguir viviendo en su domicilio. Un centro de día para personas con discapacidad ofrece rehabilitación funcional, fisioterapia, terapia ocupacional, apoyo en las actividades de la vida diaria y espacios de relación con otras personas, y permite a la persona regresar a su entorno cada tarde. Para las familias cuidadoras, cubre además la franja horaria más difícil de conciliar.

Cuando la discapacidad y la edad coinciden

La mayor esperanza de vida de las personas con discapacidad plantea una pregunta que el sistema todavía está aprendiendo a responder: qué ocurre cuando las necesidades asociadas a la discapacidad se suman a las del envejecimiento. Los servicios pensados para personas adultas con discapacidad no siempre contemplan esa etapa, y no todos los centros para personas mayores cuentan con apoyos específicos para la discapacidad.

Por eso, al valorar un recurso, conviene fijarse en algunos aspectos concretos: que el equipo profesional tenga experiencia en discapacidad y no solo en atención a personas mayores, que los espacios sean plenamente accesibles, que exista un plan de atención individualizado que se revise con el tiempo y que haya continuidad entre el centro de día y la plaza residencial, de modo que un cambio de necesidades no obligue a cambiar de entorno ni de profesionales de referencia.

La situación en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid presenta una de las tasas de discapacidad más bajas del país, con 80,7 personas por cada mil habitantes de seis o más años, según la misma encuesta del INE. Aun así, su volumen de población la sitúa entre las regiones con mayor demanda de recursos especializados.

Entre los operadores privados con atención a personas con discapacidad en la región figura Colisée, cuya red de residencias en Madrid incluye seis centros con este servicio: Getafe, San Blas, San Sebastián de los Reyes, Vallecas y Villanueva del Pardillo, que combinan residencia y centro de día, y Montejo de la Sierra, que funciona como residencia y centro de rehabilitación. El grupo ofrece también este tipo de atención en Tarragona, con el centro de Sant Salvador, y en Cantabria, con el de Soto de la Marina.

Una reforma que dependerá de su aplicación

La nueva ley amplía derechos y simplifica trámites, pero su efecto real dependerá de cómo la apliquen las comunidades autónomas, que gestionan el sistema y deberán garantizar, entre otros, el servicio de asistencia personal. El Ministerio de Derechos Sociales se ha marcado como objetivo reducir a la mitad las listas de espera en 2027.

Para las personas que envejecen con discapacidad y sus familias, el consejo de los profesionales no cambia: informarse con antelación, revisar qué derechos se activan con el nuevo reconocimiento automático y conocer los recursos disponibles en el entorno antes de necesitarlos. La reforma abre la puerta a combinar apoyos. Aprovecharla exige saber cuáles existen.