La discapacidad en los centros penitenciarios es el tema tratado en un seminario organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)

13 Mayo 2019 · Nota de Prensa / CERMI

Esta ha sido la principal conclusión del seminario ‘Personas con discapacidad en los centros penitenciarios: una visión de derechos humanos’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), celebrado el pasado miércoles en la sede de la Confederación Salud Mental España.

Mesa debate centros penitenciarios

Las asociaciones de la sociedad civil del movimiento de la discapacidad tienen un papel fundamental a la hora de avanzar en la igualdad de derechos de las personas con discapacidad que se encuentran en los centros penitenciarios en España.

Esta ha sido la principal conclusión a la que han llegado representantes de diferentes asociaciones del sector de la discapacidad y de la administración pública en el seminario ‘Personas con discapacidad en el medio penitenciario: una visión de derechos humanos’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y celebrado en la sede de la Confederación Salud Mental España.

Los intervinientes coincidieron también en la necesidad de mejorar la formación y evidenciaron que, si bien las organizaciones especializadas son fundamentales para las personas con discapacidad en los centros penitenciarios, en muchos casos no siempre cuentan con los recursos necesarios para llegar a todas las prisiones.

En este sentido, se desarrolló la mesa de debate ‘Demandas y buenas prácticas de la sociedad civil en relación con la garantía de los derechos de las personas con discapacidad internas en centros penitenciarios’. En ella, Inés de Araoz (Plena Inclusión), Irene Muñoz (Salud Mental España), Lourdes Márquez (Fundación ONCE), Patricia Mora (CNSE), Natalia Beraza (FIAPAS), Raquel Valle (Autismo España) e Isabel Caballero (Fundación CERMI Mujeres), hicieron un repaso de la situación de las personas con diferentes discapacidades en los centros penitenciarios y coincidieron en “la falta de formación generalizada”.

Este apartado sirvió también para dar una especial relevancia a que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad en los centros penitenciarios que se encuentran “doblemente discriminadas”. Así, Isabel Caballero señaló que “hay muchas cuestiones que han de ser tomadas en cuenta a la hora de ofrecer alternativas desde un enfoque integrado de género e interseccional al sistema penitenciario español para garantizar que los mandatos de la Convención cobren efectiva vigencia en nuestros sistema penitenciario”.

ACTUAR DE MANERA PROACTIVA

La inauguración del seminario corrió a cargo del secretario general en funciones de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior, Ángel Luis Ortiz; el subdirector general de Diálogo Civil del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Javier Rebollo, y el miembro de la Junta Directiva de Salud Mental España Ignacio Fernández.

Así, Ortiz explicó que “hay determinados grupos, entre los que están las personas con discapacidad en los que no se puede esperar que su protección se realice por ellos mismos, sino que las instituciones deben actuar de forma proactiva para abordar los problemas y respetar los derechos humanos, ya que, o actuamos de manera proactiva o corremos el riesgo de que no estén garantizados”.

Por su parte, Rebollo, valoró de forma muy positiva el papel de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que definió como “un punto de inflexión en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en el que hay que seguir trabajando para que las personas con discapacidad no sean privadas de su libertad y tengan garantía de que se cumplen sus derechos”.

En este sentido, Fernández alertó de las vulneraciones de derechos que sufren en muchos casos las personas con problemas de salud mental y afirmó que “urge la creación de un turno de oficio de abogados especializados en discapacidad para poder hacer valer dentro del proceso judicial a las personas con discapacidad mental y garantizar que se cumplen”.

A renglón seguido, se presentó el informe ‘La situación de las personas con discapacidad en el medio penitenciario - Estudio/Informe del Observatorio Estatal de la Discapacidad’, a cargo de su autor, el sociólogo Agustín Huete, quien explicó que los resultados son una radiografía lo más actualizada y global posible de la situación de la población con discapacidad afectada por el sistema penitenciario, y una actualización de la información sobre las necesidades y recursos de apoyo a estas personas.

Huete destacó que en España hay actualmente unas 5000 personas con discapacidad en el medio penitenciario, un porcentaje mas alto que en los años 2008 y 2002, cuando ni siquiera había personas con discapacidad identificadas. “Esto no significa que no hubiese personas con discapacidad en aquel momento, sino que no existía el foco de detección. Aunque se ha mejorado en la detección, es fundamental seguir trabajando en esta línea, poniendo énfasis especialmente también en la prevención, donde las organizaciones debemos estar atentas para evitar que personas en especial situación de vulneración cometan delitos”, aseguró.

En este sentido, se expuso también el estudio del CERMI ‘La adaptación de la normativa española a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad’. Su autora, Patricia Cuenca, alertó de las vulneraciones de derechos que sufren las personas con discapacidad en las cárceles españolas y explicó algunas de las reformas que serían necesarias para garantizar que se respeten sus derechos y su participación en igualdad de condiciones en las actividades de los centros penitenciarios.

“Actualmente la normativa penitenciaria española sigue respondiendo a un modelo médico de discapacidad, a viejos paradigmas que no siguen los principios de la convención. Esta norma no tiene en consideración las necesidades de las personas con discapacidad y esta falta de sensibilidad da lugar a una serie de discriminaciones directas e indirectas a las personas con discapacidad, situación que no se puede tolerar y que hace necesario un cambio del modelo”, denunció.

La jornada contó también con la exposición del informe ‘Avance de la investigación del Defensor del Pueblo sobre la situación de las personas con discapacidad intelectual internas en centros penitenciarios’, por parte del jefe de Área de Seguridad y Justicia del Defensor del Pueblo, Andrés Jiménez.

Jiménez explicó que algunos de los problemas a los que se enfrentan estas personas son el desconocimiento por parte de la sociedad de su existencia y de sus problemas, la escasez de módulos especialmente preparados para su atención, pues solo existen tres en España, o el peligro de ser sancionados disciplinariamente sin merecerlo. “Podrían correr el riesgo de ser sancionados por un comportamiento que, si bien por su naturaleza es normal, el funcionario de prisiones, por falta de especialización, puede considerarlo comportamiento sancionable”, detalló.

Por último, la clausura del seminario corrió a cargo del delegado de Derechos Humanos del CERMI, Jesús Martín, y de la periodista Beatriz Sancho que coincidieron en la especial relevancia que tienen las asociaciones de la sociedad civil en este sentido.

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