El CERMI denuncia las “graves situaciones de desigualdad y exclusión” que sigue sufriendo la infancia con discapacidad en España

20 Noviembre 2019 · Nota de Prensa / CERMI

En el manifiesto que la entidad ha elaborado con motivo de los 30 años de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que se cumplen este miércoles.

un niño y una señora susurran al oído a otro niño - derechos de la infancia con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que la infancia con discapacidad sigue afrontando en España “graves situaciones de desigualdad, exclusión y ausencia de bienestar, que lastran las posibilidades efectivas de desarrollar y maximizar sus potencialidades, disponiendo de condiciones para que el libre desarrollo de su personalidad y su participación y aportación a la vida en comunidad sean una realidad”.

Así lo recoge el manifiesto de la entidad elaborado con motivo de la celebración este 20 de noviembre del Día Universal del Niño, cuando además, se cumplen tres décadas de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tratado internacional de obligado cumplimiento que hace mención expresa a la infancia con discapacidad. Asimismo, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a los estados a garantizar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.

En España, según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, residen alrededor de 130.000 niñas y niños con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2% del total de menores de 15 años residentes en el país.

Reivindicaciones de la infancia con discapacidad

Para acabar con la falta de igualdad que sigue existiendo, pese al marco legal estatal e internacional, el CERMI pide mejorar la atención temprana, ya que “los dispositivos públicos de promoción de la autonomía personal a través de la atención temprana y el desarrollo infantil son precarios, discontinuos y claramente insuficientes, lo que incide de modo muy negativo en la infancia con discapacidad”.

En su manifiesto, la plataforma representativa de la discapacidad en España pide dejar atrás las “institucionalizaciones forzosas” de la infancia con discapacidad, incrementando los apoyos y sistemas que contribuyan a que puedan vivir en comunidad, apostando por la autonomía personal. Además, plantea la necesidad de garantizar el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, garantizando siempre los recursos necesarios para que exista verdadera igualdad de oportunidades.

Por otra parte, la entidad resalta que “es inaplazable desterrar del ordenamiento jurídico español cualquier vestigio favorable o permisivo con la esterilización forzosa, garantizando a las personas con discapacidad sus derechos sexuales y reproductivos, sin merma ni restricciones”. Del mismo modo, recuerda que esta práctica, que contraviene la Convención Internacional de la Discapacidad, la sufren principalmente las adolescentes y jóvenes con discapacidad.

Por último, el CERMI reclama garantizar el acceso en igualdad de condiciones a toda la infancia con discapacidad a los servicios sanitarios; reforzar la lucha contra problemas a los que se ven más expuestos los niños y niñas con discapacidad como es la violencia o el riesgo de pobreza; fortalecer el apoyo a las familias en cuyo seno residen menores con discapacidad, y garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan participar de manera activa, con los apoyos necesarios, en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

Pronunciamiento del CERMI 

El artículo 23 del Convención Internacional de los Derechos del Niño subraya, de forma específica, que las niñas y niños con discapacidad son titulares de los derechos recogidos en esa Convención, enfatizando particularmente su derecho a participar en la vida en comunidad y aun más importante establece la obligación de los Estados de garantizarles  una vida plena que asegure su dignidad.

Asimismo, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dedica también su artículo 7 a la infancia con discapacidad, si bien su realidad está presente de modo transversal en todo el articulado.

Naciones Unidas entiende que la infancia con discapacidad es un grupo social especialmente vulnerado y vulnerable en nuestra sociedad, y por eso acentúa sus derechos en estos dos tratados de internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, a pesar de los grandes principios proclamados en nuestras normas, internacionales, europeas y nacionales, las niñas y los niños con discapacidad tienen que afrontar en nuestra sociedad graves situaciones de desigualdad, exclusión y ausencia de bienestar que lastran las posibilidades efectivas de desarrollar y maximizar sus potencialidades, disponiendo de condiciones para que el libre desarrollo de sus personalidad y su participación y aportación a la vida en comunidad sean una realidad.

En España, según la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), residen alrededor de 130.000 niñas y niños con discapacidad menores de 15 años. Esta cifra supone el 2 % del total de niños y niñas menores de 15 años residentes en el país.

El CERMI como movimiento cívico de las personas con discapacidad y de sus familias, en el marco de la conmemoración del 30º aniversario de la Convención protectora de los derechos de la infancia, recuerda al Estado español aquellos asuntos pendientes en la agenda de derechos humanos de esta parte de la población, especialmente lo concerniente a las niñas y niños con discapacidad:

  • La atención temprana y el desarrollo infantil, esencial para que el proceso de inclusión comunitaria y social de las niños y niños con discapacidad comience lo más adelantado posible en el tiempo con perspectivas halagüeñas de éxito, no está garantizado como derecho subjetivo. Los dispositivos públicos de promoción de la autonomía personal a través de la atención temprana y el desarrollo infantil son precarios, discontinuos y claramente insuficientes, lo que incide de modo muy negativo en la infancia con discapacidad.
  • Respecto del acceso al derecho fundamental a una educación inclusiva y de calidad, con los apoyos individualizados debidos, España está aún muy lejos de satisfacer los requerimientos internacionales de derechos humanos comprometidos como Estado. El alumnado con discapacidad es todavía un grupo sometido a graves carencias en cuanto a su inclusión educativa, que urge reparar. Para ello se requiere de una reforma del sistema de enseñanza a fin de establecer y poner en práctica un modelo educativo inclusivo que no castigue por motivos de discapacidad.
  • La permanencia de prácticas aberrantes como la esterilización forzosa, que tienen mayor impacto en mujeres adolescentes con discapacidad, es otro elemento que ataca de frente los derechos humanos de la infancia y juventud con discapacidad. Es inaplazable desterrar del ordenamiento jurídico español cualquier vestigio favorable o permisivo con la esterilización forzosa, garantizando a las personas con discapacidad sus derechos sexuales y reproductivos, sin merma ni restricciones.
  • Otro dominio en el que en España no están suficientemente protegidos los derechos de las niñas y los niños con discapacidad es el relativo a su inclusión en al comunidad, y en la posibilidad real y efectiva de llevar o prepararse para disfrutar de autonomía personal y desarrollar una vida independiente y participativa. Los modelos de institucionalización forzosa a los que se ven sometidos parte de las niñas y niños con discapacidad, sin recursos alternativos más inclusivos, suponen una mala práctica política y social que hay que borrar de nuestra vida comunitaria.
  • Por otro lado, el marco protector de Naciones Unidas reclama que se garantice que las niñas y niños con discapacidad cuenten con una asistencia sanitaria universal y de calidad, que incluya programas de detección, prevención e intervención tempranas, así como que la asistencia llegue también a todas las familias, especialmente aquellas con menos recursos económicos o más expuestas a la exclusión.
  • La pobreza infantil, la pobreza que incide de modo más agudo en la infancia perteneciente a familias pobres, es un hecho que la crisis económica de la última década no ha hecho sino expandir. Los niños y niñas con discapacidad, cuya atenciones y acompañamiento requieren de mayores gastos familiares, son víctimas primordiales de la pobreza familiar, que solo podrá combatirse con dispositivos de protección social como los ingresos mínimos que doten de auténtica capacidad de renta a las familias de personas con discapacidad.
  • Por otro lado, las tasas de violencia, acoso escolar y discriminación se ven incrementadas especialmente en niñas y niños con discapacidad, por eso se deben articular mecanismos, legales y administrativos, garantistas que protejan su integridad y preserven su indemnidad.
  • España carece de política de apoyo a las familias, en su diversidad y rica tipología. Esto lo acusan particularmente la familias en las que viven niños y niñas con discapacidad. Estado que se agravó durante la aún no remontada crisis económica con consecuencias que siguen sin revertirse. Resulta imprescindible desarrollar políticas de especial apoyo a las familias en las que vivan niños y niñas con discapacidad, de manera que puedan alcanzar su pleno desarrollo en ellas como seres autónomos y participativos.
  • La sociedad española está muy lejos de que sea efectivo el derecho que tienen reconocido los niños y las niñas con discapacidad a poder tomar parte activa en los diferentes procesos de toma de decisiones que se producen en todos los asuntos que les afectan. Hay que eliminar las barreras existentes, los entornos excluyentes, establecer los medios y proporcionar la asistencia necesaria para que los niños y las niñas con discapacidad puedan ejercitar en todos los ámbitos, de acuerdo con su edad y su situación, su derecho a participar siempre en la toma de decisiones que les conciernen.

Desde el movimiento social CERMI, reivindican no solo el valor como marco prescriptor y de exigencia, sino el cumplimiento íntegro de estos dos tratados internacionales, que son normas jurídicas imperativas del máximo nivel de nuestro ordenamiento jurídico interno, para que las niñas y niños con discapacidad estén en condiciones de disfrutar plenamente de sus derechos humanos.

Movimiento Asociativo