NUESTROS DERECHOS

Ciudadanos de pleno derecho

ciudadanos de pleno derecho cruzando la calle

Tradicionalmente, la respuesta política al fenómeno de la discapacidad ha consistido esencialmente en medidas de compensación social a través de la beneficencia, un tratamiento al margen de la sociedad y el desarrollo de servicios de asistencia especializada, que, aunque bien intencionados, no han hecho sino agravar el problema de la exclusión y de la infraparticipación. Pero no se pide eso, sino ser ciudadanos de pleno derecho.

Frente a esta concepción, en los últimos años se abre paso una tendencia creciente a enfocar la política relativa a la discapacidad desde una perspectiva basada en los derechos civiles. Ser ciudadanos de pleno derecho implica situar la dignidad, la autoestima y la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, que desean implicarse activamente en la vida comunitaria, en el corazón mismo de los debates políticos relevantes. Con esto el enfoque de tales debates se desplaza de la persona, para centrarse en la inclusión de los acuerdos sociales y económicos existentes en nuestras sociedades. Se fundamenta sobre la idea de que la diversidad humana es un punto fuerte para toda sociedad, y que la política de abrir el espacio a la diversidad es un factor productivo para nuestras economías.

Derecho igualitario: Ciudadanos de pleno derecho

Lo que está en la palestra no es el derecho a la generosidad, sino el derecho igualitario de perseguir las oportunidades que la vida le ofrece a cada individuo, prepararse para la participación por medio de la educación e integrarse en el ámbito generalizado. Esto no sólo se demanda como derecho, sino que nace del sentido de responsabilidad cívica de contribuir. Una ciudadanía igualitaria significa más que el mero derecho a la protección: también conlleva la responsabilidad de la contrapartida. Las personas con discapacidad demandan el derecho a participar y el derecho igualitario de contribuir, es decir, poder ser ciudadanos de pleno derecho.

El cambio hacia la perspectiva basada en los derechos civiles se demuestra con las crecientes demandas de que todos los procesos generales de preparación para la participación (especialmente la educación y formación) estén abiertos a los niños y estudiantes con discapacidad. Esto está forzando una reconsideración de la forma en la que las vías hacia la vida común (especialmente el transporte y las comunicaciones) han excluido en el pasado a las personas con discapacidad, y cómo deberían abrirse. Está generando una nueva evaluación de las distintas barreras (bien en la actitud o en otras formas de manifestación) que traen consigo una tasa de empleo tan baja para las personas con discapacidad, y que está en lucha con la reserva de talento disponible.