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El CERMI proporciona a la ONU una relación de buenas prácticas en materia de acceso de personas con discapacidad a la justicia

23 Julio 2019 · CERMI

Redactar sentencias en lectura fácil, mejoras en la accesibilidad para personas sordas en el acceso a la justicia, son algunas de estas buenas prácticas.

buenas prácticas de acceso a la justicia, pantalla táctil y mano pulsando

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado para Naciones Unidas un informe con una relación de buenas prácticas en materia de acceso a la justicia de las personas con discapacidad en España, un ámbito en el que pese a los avances que se han conseguido en los últimos años, siguen existiendo barreras para este grupo social.

Esta recopilación realizada por el CERMI responde al requerimiento efectuado por la Relatora de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, a partir del cual confeccionará un estudio sobre buenas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

El informe de buenas prácticas comienza citando una serie de acciones legislativas y políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho a la justicia en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. 

Sobresale el hecho de que se reconozca el derecho a la justicia gratuita de las personas con discapacidad, así como la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales con los apoyos necesarios.

En cuanto a la acción del Ministerio Fiscal, las buenas prácticas se centran en la elaboración de circulares e instrucciones de la Fiscalía General del Estado sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se dan a todos los fiscales de España pautas concretas de unidad de criterio y de buenas prácticas en temas de carácter de interés público y social para la aplicación de este tratado internacional.

En este apartado destaca también la creación de una Fiscalía Especializada en Discapacidad y la puesta en marcha en la Fiscalía General del Estado de una plaza de primera categoría de Fiscal de Sala coordinador de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y mayores.

POBLACIÓN RECLUSA CON DISCAPACIDAD Y LAS BUENAS PRÁCTICAS

El tejido asociativo de la discapacidad organizado en torno al CERMI lleva años denunciando que la situación de las personas con discapacidad en los centros penitenciarios tiene todavía carencias muy importantes, por lo que el informe de buenas prácticas elaborado por el CERMI resalta positivamente el hecho de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en colaboración con las organizaciones de la discapacidad, haya elaborado un protocolo de Actuación para personas con discapacidad en el medio penitenciario. Para analizar esta cuestión, el Defensor del Pueblo y el CERMI realizaron sendos informes en este sentido, en 2015 y 2008, respectivamente.

El estudio del CERMI contiene también un apartado con aportaciones de la Confederación Salud Mental España, organización que alerta, entre otras cuestiones, del doble estigma que supone para las personas con discapacidad psicosocial haber pasado por un centro penitenciario.

En materia de sentencias judiciales, el CERMI saluda que se hayan empezado a adaptar a lectura fácil fallos judiciales que afectan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en algunas comunidades autónomas.

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