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Más del 70% de las denuncias sobre discapacidad recopiladas por el CERMI en 2017 fueron por falta de accesibilidad universal

16 Octubre 2018 · NOTA DE PRENSA / CERMI

Así lo ha manifestado el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, durante una jornada organizada por el propio CERMI en la sede del Consejo General de la Abogacía.

Un momento de la jornada con sus ponentesEl 71% de las denuncias que el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) ha recogido en su informe anual sobre derechos humanos y discapacidad en España, correspondiente a 2017, estuvieron motivadas por carencias de accesibilidad universal.

Esta es una de las principales conclusiones que el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, ha planteado durante la jornada ‘En defensa propia: defensa legal de las personas con discapacidad’, organizada por el CERMI y celebrada este lunes en la sede del Consejo General de la Abogacía.

El encuentro ha contado con la financiación del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social con cargo a los fondos recaudados a través de la casilla de fines sociales del IRPF. Jesús Martín ha recordado que el CERMI viene realizando un informe anual sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en España desde hace una década, “y lamentablemente todavía tenemos que recoger muchas más denuncias que avances y propuestas de mejora”.

En este sentido, ha incidido en que el ámbito en el que más denuncias se han recibido ha sido en el de la accesibilidad universal, “pese a que el 4 de diciembre de 2017 concluyó el plazo legal que se dio España en 2003 para que todos los bienes, entornos y servicios de interés fueran plenamente accesibles, algo que claramente se ha incumplido y que supone un fracaso como sociedad”.

Tras la accesibilidad, los aspectos que han motivado más denuncias ha sido el del empleo y el derecho a una vida independiente (artículos 27 y 28 de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad, respectivamente).

AVANCES

En el capítulo de avances, el informe del CERMI destaca que en 2017 se llevó a cabo la reforma de la Ley del Jurado Popular para que las personas con discapacidad dejen de estar excluidas de este tipo de tribunales; los primeros pasos para reformar la ley electoral y acabar con la privación del derecho de sufragio que sufren casi 100.000 personas con discapacidad, y la aprobación de la nueva ley de Contratos del Sector Público, entre otros aspectos. Durante la inauguración, cuya apertura ha corrido a cargo del vicepresidente de la Fundación Abogacía Española, Carles McCragh, el asesor jurídico del CERMI, Óscar Moral, ha criticado que “la legislación en materia de discapacidad se incumpla y no pase nada, algo inimaginable en otros ámbitos”. Por ello, ha señalado que se reforzará el trabajo de la Red de Defensa Legal de las personas con Discapacidad del CERMI Estatal, en la que pueden participar no solo miembros de entidades asociadas al CERMI, sino personas expertas del mundo del derecho que quieran realizar aportaciones. Por su parte, la coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), Isabel Caballero, ha centrado su discurso en la necesidad de visibilizar la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad. Para ello, la FCM va a realizar anualmente (desde este mismo ejercicio) un informe específico sobre la situación de los derechos de las mujeres con discapacidad. En este sentido, ha avanzado que se prestará especial atención a aspectos como la violencia, las esterilizaciones forzosas y abortos coercitivos y barreras de acceso al empleo o la vida independiente. En el encuentro se ha repasado también el informe de la ONU que condena a España por sus carencias en materia de educación inclusiva, así como las claves de la reforma del Código Civil que acaba de empezar a tramitarse para migrar de un modelo basado en la sustitución de la capacidad jurídica a otro cuyo eje central sean los apoyos en la toma de decisiones.

DELITOS DE ODIO

Posteriormente, se ha desarrollado la mesa ‘El discurso y los delitos de odio hacia las personas con discapacidad’, en la que ha intervenido Alfonso Aya, fiscal de Sala Delegado del Fiscal General del Estado para los delitos de odio y contra la discriminación, quien ha expuesto ejemplos de situaciones discriminatorias a través de sentencias judiciales que sufren las personas con discapacidad. También ha evidenciado la necesidad de que los operadores jurídicos trabajen de cerca con las organizaciones de la discapacidad para mejorar la protección jurídica. Mientras, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, ha indicado que como se deben poner un nombre a las realidades, “hablamos de ‘disfobia’, y a mí me gusta hablar de ‘eugenismo’ también”. Además, ha advertido de que en su organización no solo trabajan contra los delitos, “sino contra las actitudes, porque cuando se rechaza, se desprecia y no se aprecia a otra persona, no se está respetando el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos”. Igualmente, ha pedido mantener una perspectiva histórica con los delitos de odio y una visión universal, es decir, que si por ejemplo se perpetra un delito de odio contra una persona LGTBI en un país donde no es delito, sigue siendo un crimen de odio, porque debemos tener la visión universal y no local”. Por último, se ha celebrado un taller sobre litigación estratégica aplicada a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad a cargo de Mercedes Melón, experta en litigación estratégica, y de Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales.

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