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El Congreso debatirá la primera iniciativa legislativa popular de 2017

11 Enero 2017 · CADENA SER

Una petición del CERMI para suprimir los copagos en dependencia supera las 740.000 firmas. La inmensa mayoría de iniciativas ciudadanas fracasa por el alto número de rúbricas exigidas y las trabas del mecanismo parlamentario.

Fachada del Congreso de los Dioutados en MadridEl Congreso tiene previsto debatir en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en febrero la que será la primera iniciativa legislativa popular del curso parlamentario. Se trata de una propuesta para suprimir los copagos abusivos en la ley de dependencia, evitando su fijación arbitraria por parte de las comunidades autónomas, que promueve el Comité Español de Representantes de Discapacidad, y que ha logrado superar ya el escollo más complicado para su tramitación, al reunir 740.000 firmas ciudadanas.

La del CERMI es la más avanzada en estos momentos, pero otras nueve iniciativas, sobre asuntos muy variados, aguardan turno en el Congreso en un trámite previsto en la Constitución para dar voz a la ciudadanía a la hora de promover leyes en el Parlamento pero que en la práctica se convierte en una misión casi imposible debido a los numerosos requisitos que deben cumplir.

Para empezar, hay materias excluidas. Se rechazan automáticamente si afectan a la reforma de la Constitución, los Presupuestos Generales, leyes de carácter tributario, internacional o los indultos. Si pasa el primer filtro en la Mesa del Congreso si abre un plazo de nueve meses para reunir 500.000 firmas, una cifra al alcance de muy pocos colectivos como admite el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Luis Cayo. "Lo decimos porque lo hemos vivido en carne propia a pesar de que nosotros sí lo hemos conseguido, pero es realmente una exigencia excesiva. En la Unión Europea para presentar una iniciativa legislativa popular sólo se exige un millón de firmas teniendo en cuenta el conjunto de la población comunitaria, mientras que en España se requiere la mitad, medio millón de firmas, para una población de 46 millones, es decir, proporcionalmente se exige mucho más a los ciudadanos españoles que a los europeos, no tiene razón de ser. Es un procedimiento anticuado y excesivamente rigorista", lamenta Cayo.

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