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Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE 15/12/2006)

El día 1 de enero de 2007 entró en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE 15/12/2006), en la que se reconoce un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadanía que garantiza atención y cuidados a las personas dependientes, es decir, aquellas que no se pueden valer por sí mismas, en su mayoría ancianos.

De esta manera, el Sistema Nacional de Dependencia regulado en la Ley está llamado a convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, que fueron desarrollados en la década de los 80.

La dependencia en España

Según ponen de manifiesto los distintos estudios realizados al efecto, entre los que destaca el Libro Blanco de la Dependencia, en España hay alrededor de 1.125.000 personas dependientes, que son aquellas que necesitan ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria como levantarse de la cama, asearse, comer, etc.; cifra que, según todas las previsiones, irá aumentando en los próximos años.

La atención a estas personas se realiza, sobre todo, en el ámbito familiar y recae especialmente en las mujeres (representan el 83 por 100 de los cuidadores familiares) que, en la mayoría de los casos, se ven imposibilitadas de llevar a cabo actividad laboral alguna. De hecho, y según datos del Libro Blanco, sólo uno de cada cinco familiares cuidadores tiene un empleo.

Tanto es así que en nuestro país sólo el 3,5 por 100 de las personas mayores de 65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio, el 2,84 por 100 con teleasistencia, el 3,86 por 100 con una plaza en una residencia y el 0,54 por 100 en un centro de día, lo que sitúa a España muy por detrás de los niveles de cobertura de los países europeos.

Por otra parte, si bien el Estado y las Comunidades Autónomas ya habían adoptado una serie de medidas, de orden normativo o administrativo, relacionadas con la dependencia, lo cierto es que no existía un marco mínimo de garantías, lo que generaba una cierta desigualdad territorial que restaba efectividad a las distintas políticas. Resultaba necesario, pues, que el Estado adoptase una regulación clara que contemple, en una única norma, el marco básico de los derechos de las personas en situación de dependencia, a través de unas adecuadas prestaciones y servicios sociales, respondiendo a criterios de solidaridad.