Sentencia de 21 de enero de 2008; Número de procedimiento 742/2006. Pensión de orfandad para hijo de un funcionario.

Tendrá derecho a la pensión de orfandad el hijo de un funcionario que estuviera incapacitado para todo trabajo antes de la fecha de fallecimiento de su padre.

AUDIENCIA NACIONAL; JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Sentencia de 21 de enero de 2008; Número de procedimiento 742/2006

MATERIA

El artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado establece que tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos menores de veintiún años de los funcionarios a los que se les aplica el régimen de clases pasivas, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes de cumplir esta edad o de la fecha de fallecimiento del progenitor. Este derecho les corresponde a los hijos del fallecido, con independencia de la existencia del cónyuge supérstite. La determinación de la existencia de incapacidad permanente, a los efectos anteriores, se realiza a través de dictámenes médicos preceptivos emitidos por el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su domicilio el interesado, que se remitirán a los Servicios correspondientes de la Dirección de Costes de Personal y Pensiones Públicas, conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 397/1996, por la que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

TEXTO DE LA SENTENCIA

Madrid a veintiuno de enero de dos mil ocho Visto el presente recurso contencioso administrativo nº 742/06 interpuesto ante esta Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la Procuradora Dª Paloma Vallés Tormo, en nombre y representación de D. Salvador , contra la Resolución del TEAC de fecha 14 de junio de 2006, sobre denegación de pensión de orfandad, en el que la Administración demandada ha estado dirigida y representada por el Abogado del Estado; habiendo sido Ponente la Ilma. Sra. Dña. Ana Isabel Gómez García, Magistrada de la Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: El presente recurso contencioso-administrativo se interpone por la representación procesal de D. Salvador contra la resolución del TEAC, de fecha 14 de junio de 2006, que desestimó la reclamación económico-administrativa interpuesta contra acuerdo de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas de 7 de junio de 2005, desestimatoria del recurso de reposición contra acuerdo de 28 de marzo anterior, sobre denegación de pensión de orfandad.

SEGUNDO: Presentado el recurso, se reclamó el expediente administrativo y se dio traslado de todo ello al actor para que formalizara la demanda, el cual expuso los hechos, invocó los fundamentos de derecho y terminó por suplicar que, previos los tramites legales pertinentes, se dicte sentencia en la que, estimando el recurso, se deje sin efecto el acuerdo del TEAC impugnado, declarando el derecho del actor a percibir las pensiones de orfandad que le puedan corresponder como consecuencia del fallecimiento de su padre, condenando al órgano correspondiente al abono de las pensiones que le corresponden desde el 1/1/05, con inclusión de las que se devenguen durante la pendencia del procedimiento hasta su finalización, con los intereses y recargos que le puedan corresponder.

TERCERO: Formalizada la demanda se dio traslado al Abogado del Estado para que la contestara, el cual expuso los hechos y fundamentos de Derecho y suplicó se dictara sentencia desestimando el recurso y confirmando la resolución impugnada por ser ajustada a Derecho.

CUARTO: Habiendo sido solicitado el recibimiento a prueba del procedimiento se practicó la propuesta, con el resultado que obra en la causa, y, evacuado el trámite de conclusiones, quedaron los autos conclusos, señalándose para votación y fallo el día 17 de enero del año en curso en que, efectivamente, se votó y falló.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Se dirige le presente recurso contra la precitada resolución del TEAC, de la que son antecedentes fácticos a tener en cuenta los siguientes:

  1. Mediante escrito presentado el 21 de febrero de 2005, ?D. Salvador , nacido el día 9 de mayo de 1970 y de estado civil soltero, solicitó pensión de orfandad causada por su padre, ? Don Pedro Antonio , jubilado en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica del 31 de agosto 1991, y fallecido el 28 de diciembre 2004, aportando, entre otros documentos, dictamen emitido por el Equipo de Valoración y Orientación del Centro Base nº 3 de Madrid, del Instituto Nacional de Servicios Sociales, el 20 octubre de 1992, en el que se le diagnostica enfermedad crónica por glomerulonefritis de origen idiopatica, con un porcentaje total de minusvalía del 90%, que supera el mínimo establecido de 33%, para el reconocimiento de la condición de minusválido. Constando el expediente que a su madre, Doña María Rosario, le había sido concedida pensión de viudedad, con efectos de 1 de enero 2005.
  2. Con fecha 1 febrero 2005, el Centro Gestor solicitó de la Dirección General del INSS de Burgos, Equipo de Valoración de Incapacidades, que de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 4 de la orden de 22 de noviembre de 1996 , se admitiese el oportuno dictamen evaluador en que debería constar si el interesado estaba incapacitado permanentemente para todo trabajo con anterioridad al 28 de diciembre de 2004, fecha de fallecimiento del causante, dando ello lugar a que se emitiese informe médico de síntesis por facultativo del EVI, el 7 de marzo de 2005, según el cual presenta insuficiencia renal crónica terminal, por glomerulonefritis, que precisó trasplante renal de cadáver en enero de 1995, funcionante desde entonces; y como limitaciones orgánicas y funcionales: "las derivadas de su trasplante renal normofuncionante y el tratamiento pautado. En general para actividades que requieran esfuerzos moderados-severos o implique un riesgo biológico o contacto con nefrotóxicos", y en base al mismo, el Equipo de Valoración de Incapacidades, una vez determinado el cuadro clínico residual y las limitaciones orgánicas y funcionales citadas en el informe médico de síntesis, y analizadas las secuelas descritas dictaminó que el interesado no está incapacitado para todo trabajo antes del 28 de diciembre 2004.
  3. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de fecha 28 de marzo de 2005, le denegó la pensión de orfandad solicitada por aplicación del art. 41.1 del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado de 1987. Contra dicho acuerdo interpuso recurso de reposición en el que solicita de nuevo la concesión de la pensión. Con fecha 7 de junio 2005, el Centro Gestor acordó desestimar el recurso de reposición, en base al dictamen emitido por el EVI de Burgos, órgano competente para efectuarlo, según la Orden de 22 de noviembre de 1996, en el que se afirma que no está incapacitado para todo trabajo antes del 28 de diciembre 2004.
  4. Contra anterior resolución el interesado interpuso reclamación económico administrativa ante el TEAC, alegando que a pesar de haber solicitado por escrito en el recurso de reposición copia del dictamen del EVI, el mismo todavía le es desconocido, lo que le produce total indefensión, al no poder hacer alegaciones contra el mismo, por lo que solicita su nulidad así como que le sea remitido vía correo certificado; que en la personación ante el EVI de Burgos no se hizo ningún caso a los informes médicos que aportaba, solicitando un informe de un nefrólogo, y al indicarle que estaba atendido en Madrid, se conformaron con certificado médico de cabecera, claramente incompetente para realizar cualquier valoración, no realizándosele ninguna prueba que pudiera determinar su grado de incapacidad; que con su grado de minusvalía del 90% se produce una incapacidad grave, equiparable a una invalidez permanente absoluta, entendiendo que el dictamen evaluador no ha tenido en cuenta las circunstancias legales.

El TEAC, en la resolución ahora impugnada, tras rechazar la declaración de nulidad del acto administrativo por defectos formales, al estimar que no se ha producido indefensión al solicitante de la pensión, desestima la reclamación razonando, en síntesis, que teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del padre del interesado y la fecha de su jubilación, es de aplicación la normativa contenida en el Real Decreto Legislativo 670/1987, cuyo art. 41 regula las condiciones para tener derecho a pensión de orfandad, y que tras las numerosas modificaciones sufridas exige que los hijos del causante sean menores de 21 años o estén incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha de fallecimiento del causante. Que el Equipo de Valoración de Incapacidades de Burgos, en ejercicio de la competencia que tiene atribuida, dictaminó que el reclamante no estaba incapacitado para todo trabajo con anterioridad al fallecimiento del causante. Que el dictamen del 20 de octubre de 1992, en el que le fue reconocida la minusvalía, es anterior al fallecimiento del causante y en él se reconoce un grado de minusvalía del 90% por sufrir enfermedad crónica por glomerulonefritis de origen idiopática, siendo el objeto de estas declaraciones de minusvalía el de valorar las diferentes situaciones exigidas para tener derecho a las prestaciones y subsidios en el ámbito de los Servicios Sociales y de la Seguridad Social, las cuales son ajenas al ámbito de Clases Pasivas del Estado, que el hecho de ser minusválido a dichos efectos no implica una incapacidad absoluta para todo trabajo, que es el requisito establecido por la norma aplicable para tener derecho a la pensión solicitada.

SEGUNDO: En el escrito de demanda alega el actor que en el dictamen del EVI no se ha tenido en cuenta los informes médicos de interesado para valorar correctamente su situación, que sus condiciones le impiden desarrollar una actividad con un mínimo de aprovechamiento, eficacia y profesionalidad, que la declaración de minusvalía se ha basado en criterios médicos, por lo que ha de tenerse en cuenta a efectos de reconocer su derecho a la pensión de orfandad solicitada. El artículo 41 del Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado , establece: "1. Tendrán derecho a pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de veintiún años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo antes del cumplimiento de dicha edad o de la fecha del fallecimiento del causante. Este derecho asistirá a cada uno de los hijos del fallecido o declarado fallecido, con independencia de la existencia o no de cónyuge supérstite. "Así las cosas, la cuestión debatida es si el actor reúne o no los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión de orfandad solicitada, concretamente, si antes de cumplir los 21 años o del fallecimiento del causante, el 28 de diciembre de 2004, estaba incapacitado para todo trabajo. Obran en el expediente administrativo partes e informes médicos que acreditan que el recurrente fue diagnosticado en abril de 1973, cuando aún no había cumplido los 3 años, de glomerulonefritis proliferativa difusa, habiendo permanecido sometido a controles y tratamiento médico, desde abril de 1992 es sometido a hemodiálisis, y se le realiza trasplante de riñón en enero de 1995. Con anterioridad al trasplante, en octubre de1992, por el organismo correspondiente del Ministerio de Asuntos Sociales se le reconoce una minusvalía del 90%. En el Informe Médico de Síntesis, de 7/3/05, se consignan los antecedentes clínicos del recurrente, el resultado de la exploración, y se hace constar en el apartado Evolución: "Situación clínica estabilizada desde hace diez años, con trasplante normofuncionante", y como limitaciones: "las derivadas de su trasplante normofuncionante y el tratamiento pautado. En general, para actividades que requieran esfuerzos moderados-severos o impliquen riesgo biológico o contacto con nefrotóxicos. "En el dictamen del EVI se valoran las anteriores limitaciones y concluye afirmando que el interesado "No está incapacitado para todo trabajo antes de 28/12/04. "En el procedimiento judicial se ha practicado a instancia del actor prueba documental, siendo incorporado a los autos el historial clínico del Hospital Universitario San Carlos, de Madrid, que viene a confirmar los datos e informes ya obrantes en el expediente.

TERCERO: Para valorar el conjunto de elementos probatorios hemos de recordar la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia 34/95, de 6 de febrero , reiterando la legitimidad de la llamada "discrecionalidad técnica" de los órganos de la Administración, en cuanto promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las modulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una presunción de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización e imparcialidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. Presunción "iuris tantum" que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del poder razonable que se presume en el órgano calificador. El fondo de la materia discutida en este procedimiento, es de naturaleza eminentemente médica; por ello, puede recordarse, la conocida doctrina jurisprudencial según la cual el dictamen emitido por los servicios técnicos de Administración posee una indudable fuerza de convicción "dada la garantía que ofrecen sus conocimientos científicos y la objetividad de su nombramiento" (Sentencias de de 7 de abril de 1.990, 11 de mayo y 6 de junio de 1. 990, 1990, 25 de noviembre de 1991, 2 de marzo de 1992 , etc.). Ahora bien, la presunción de certeza de los informes técnicos administrativos, son de naturaleza iuris tantum, pudiendo quedar desvirtuada dicha presunción por la prueba pericial en contrario, siempre que la misma se haya practicado con todos los requisitos previstos en las leyes, que garantizan la imparcialidad del informe pericial; y, aún y así, esos informes periciales estarán sujetos a la apreciación y sana crítica del órgano jurisdiccional ante el que se prestan, valorándose en relación con el resto de los medios de prueba practicados en autos. En el caso que nos ocupa, el dictamen del EVI, que contó con el Informe Médico de Síntesis y con la documentación aportada al expediente, concluye que el Sr. Salvador no se encontraba incapacitado para toda actividad desde antes del fallecimiento de su padre, causante de la pensión solicitada. Esta conclusión no se ve contradicha por el resto de informes y documentos aportados tanto al expediente administrativo como a los autos de este procedimiento, ni ha sido desvirtuada en fase de prueba, en la que no se ha promovido la práctica de pericial médica tendente a acreditar la situación de incapacidad del recurrente para todo trabajo con anterioridad al fallecimiento del causante. Por lo que respecta a la eficacia del reconocimiento de minusvalía del 90%, por el Ministerio de Asuntos Sociales, como ha manifestado la Sala en anteriores ocasiones, no cabe olvidar que la acreditación de la existencia de una incapacidad para todo trabajo antes de la edad establecida en la Ley de Clases Pasivas no puede hacerse de cualquier manera, sino que se regula reglamentariamente el órgano competente y la forma de efectuar el reconocimiento médico y emisión del correspondiente dictamen. Así el Real Decreto 397/1996, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas, en su Disposición Adicional Segunda , establece: "1. Los dictámenes médicos preceptivos para la determinación de la existencia de la incapacidad permanente y, en su caso, fijación del grado de la misma, así como la verificación de lesiones, a efectos del reconocimiento del derecho a las prestaciones abonadas con cargo a los créditos de Clases Pasivas y cuya competencia esté atribuida a la Dirección General de Costes de Personal y de Pensiones Públicas, del Ministerio de Economía y Hacienda, se emitirán por el Equipo de Valoración de Incapacidades de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su domicilio el interesado. "Por su parte, la Orden del Ministerio de la Presidencia, por la que se establece el Procedimiento para la emisión de los Dictámenes Médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de clases pasivas, dispone en su artículo 4 : "Los dictámenes necesarios para la resolución de las solicitudes de pensiones de orfandad en favor de huérfanos incapacitados, cualquiera que sea su legislación reguladora, deberán indicar, en todo caso, si el interesado se encuentra incapacitado de forma permanente para todo trabajo con anterioridad a una fecha determinada, que habrá de facilitarse por los Servicios correspondientes de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas en el momento de recabar el citado dictamen."

CUARTO: En consecuencia con lo expuesto, procede la desestimación del presente recurso. Sin que la Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aprecie la concurrencia de méritos que justifiquen la expresa imposición de costas. Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora Dª Paloma Vallés Tormo, en nombre y representación de D. Salvador, contra la Resolución del TEAC de fecha 14 de junio de 2006, a la que la demanda se contrae, la cual confirmamos como ajustada a Derecho. Sin hacer condena en costas. Así por esta nuestra Sentencia, que se notificará haciendo la indicación de que la misma es firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno, y de la cual será remitido testimonio, con el expediente, a la Oficina de origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Certifico.