Tercera jornada del ciclo Crisis Económica y Derechos Humanos
¿Es la cárcel el lugar en el que se debe recluir a un enfermo mental o a una persona con discapacidad intelectual que ha cometido un delito? ¿Existen recursos alternativos? ¿Están todas las administraciones públicas concienciadas con este problema?
11/07/2012 ABOGADOS.ES
La Fundación del CGAE, CERMI y la Fundación ONCE desean visibilizar la situación de estas personas en una jornada que se celebrará el próximo jueves, 5 de julio en la sede del CGAE.
Carlos Carnicer, presidente del CGAE; Mariano Casado, miembro del comité ejecutivo de CERMI y vicepresidente de FEAPS, y José Luis Gutiérrez, gerente de FEAFES, presentarán esta jornada, tercera del ciclo Crisis económica y Derechos Humanos.
Para abordar la situación de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en el proceso penal, participarán Carlos García Castaño, presidente de la subcomisión de Penitenciario del CGAE que presentará un informe elaborado por la Comisión Jurídica del Consejo; Pilar Santos, fiscal; Carlos Riaza, psiquiatra, y Juan Antonio Toro, juez de instrucción.
La segunda parte analizará el cumplimiento de las medidas de seguridad en el entorno penitenciario. Esta mesa estará formada por Ángel Luis Ortiz, juez de Vigilancia Penitenciaria; José Manuel Arroyo, subdirector general de Sanidad Penitenciaria; Soledad Jiménez, subdirectora general de la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía; Torcuato Recover, asesor jurídico de PEAPS y Ana García, psicóloga de la asociación FEAFES LEON.
JUSTIFICACIÓN DE LA JORNADA
Existe una enorme carencia de recursos adecuados y normalizados en el tratamiento de las personas con enfermedad mental y de las personas con discapacidad intelectual que han cometido algún delito.
Según el "Informe de prevalencia de trastornos mentales en centros penitenciarios españoles", conocido como INFORME PRECA*:
La prevalencia de enfermedad mental en población reclusa es alrededor de 5 veces más alta que entre la población general.
Se calcula que hay unos 3.000 enfermos con trastornos psicóticos en las cárceles españolas. Esto es el 4% de los presos.
En un mes cualquiera, aproximadamente un 41% de los presos sufren algún tipo de trastorno mental.
En un mes cualquiera, aproximadamente un 17% de los presos sufren algún trastorno mental como consecuencia del consumo de drogas.
Las personas encarceladas tienen entre 4 y 6 veces más probabilidad de padecer un trastorno psicótico o depresión grave que la población general.
* El Informe PRECA es un estudio realizado en 2007-2008, publicado en Junio de 2011 y hecho en cárceles, en lugar de en hospitales psiquiátricos penitenciarios donde los internos viven en privación de libertad como no responsables de delito debido a su patología mental)
El desarrollo de medidas alternativas para abordar adecuadamente este problema es una necesidad social de primer orden en nuestro país.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la discapacidad puede determinar la necesidad de aplicar medidas alternativas a las de entrada en prisión, cuyo objetivo es permitir al detenido incorporarse a un proceso de rehabilitación social adecuado a su situación. Para ello se establecen las medidas de seguridad, privativas y no privativas de libertad, que mediante resolución judicial pueden ser atribuidas al sujeto cuando concurran las circunstancias legalmente previstas para ello.
No obstante existen algunas dificultades de aplicación de este régimen que ocasiona importantes disfuncionalidades y situaciones inapropiadas en perjuicio de las personas con discapacidad.
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